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AÑO 2007.



Leo (ElMundo/2/1/2007)


'El fuego lo destruyó todo. Casas, coches motos y muebles, y los propietarios salvaron la vida porque lograron escapar campo a través. Fue la venganza del pueblo de Villaconejos, al sur de la Comunidad de Madrid que, como Fuenteovejuna, actuaron a la vez contra alguien que, según aseguran, les hacía la vida imposible ... Prendió fuego a la casa donde vive un presunto delincuente. No contentos con esto, la enardecida turbamulta impidió el acceso al lufar de los bomberos, a la Guardia Civil y a los servicios de Emergencia 112 que habían sido alertados de la revuelta ...

El bloqueo continuó durante 40 minutos, haciéndose precisa al intervención de la Guardia Civil ... El motín de Villaconejos comenzó la noche del sábado, cuando Javier Bernuy, un hombre con antecedentes penales y que los vecinos califican como 'conocido delincuente', irrumpió en un bar de la localidad acompañado de un numerosos grupo de amigos, destruyendo el local e hiriendo a uno de los empleados del mismo ...


Este hecho colmó la paciencia de los habitantes de Villaconejos, quienes marcharon en grupo para hacer efectiva su venganza de manera directa, 'ya estamos cansados de sus abusos y de que nunca le pase nada, esto hay que entenderlo. Es un hombre descarado, arrogante y bastante peligroso, que amenaza continuamente a la gente', según señaló ayer un vecino ... 'Desde que llegó a Villaconejos, se fue la calma del pueblo. Todos le tememos y evitamos su cercanía', explicó otro habitante a El Mundo.


Título de la noticia: Jugar con fuego.



PRIMERO.
¿Significa esto que me parece justificada la actitud de los habitantes de Villaconejo? No. Pero diré algo más que 'no', porque estas situaciones no se resuelven con un sí o un no.


SEGUNDO.
¿Quién juega con fuego? Tanto los habitantes de Villaconejo, como las autoridades. El presunto delincuente también (físicamente hablando) pero no es, ahora, el personaje importante de la historia.


TERCERO.
¿Por qué está mal que Pepe mate a Luis porque este último ha matado a Juan, el hermano de Pepe? Porque, legalmente hablando, la violencia legítima, la violencia institucional, está en manos del Estado. Es decir, El Estado tiene el monopolio o mejor, el cuasimonopolio de la violencia legítima. No hablaré, ahora, de problemas morales.

¿Por qué el cuasimonopolio? Porque las legislaciones penales admiten la legítima defensa. No exigen que los ciudadanos sea héroes. Esto quiere decir que, en ciertas circunstancias, pueden utilizar, legítimamente, la violencia contra una agresión ilegítima. Por ejemplo, el Código penal español dice que están exentos de responsabilidad criminal:

Artículo 20.4: 'El que obre en defensa de su persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes:
Primero. Agresión ilegítima ..... Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.

Parece que los actos antes citados no encajan. En primer lugar, la agresión ilegítima (si entendemos que tal es el destrozo del bar del pueblo y las lesiones a un empleado) no parecen guardar relación con la necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedirla. En realidad, no podían impedirla o repelerla porque ya se había producido. A pesar de que los hechos no parecen encajar en el tipo penal, los vecinos de Villaconejo estaban tan hartos, y tenían tanto miedo e indignación, que actuaron de forma violenta.

¿Se ha terminado la historia? Yo creo que no.


CUARTO.
Para el filósofo alemán, J. Habermas, el concepto 'legitimidad' quiere decir que la pretensión de un orden político de ser reconocido como justo, está bien fundamentado o justificado, lo que es interpretable. Ahora bien, en las sociedades postindustriales se producen problemas de deslegitimación. Habermas pone como ejemplos, la tasa de inflación, las crisis de las haciendas públicas o la cifra de parados, etcétera.


Señalaré tres aspectos que se derivan del anterior concepto de legitimidad: Primero, que los gobiernos pueden perder, total o parcialmente, legitimidad. Segundo, que la legitimidad del poder político está vinculada al reconocimiento de la gente. Tercero, que el reconocimiento de la gente está vinculado a la estabilidad de la dominación legítima.


QUINTO.
Acabo este camino tan abstracto y comento unas concreciones. Primera, la legitimidad de origen no basta. Se requiere, además, una legitimidad de ejercicio. Segunda, esta legitimidad de ejercicio está vinculada al reconocimiento de la gente. Tercero, el reconocimiento de la gente está vinculado a la estabilidad (relativa) de la dominación política del Gobierno. ¿Qué quiere decir todo esto?


SEXTO.
Los términos utilizados muestran una inevitable vaguedad. No puede ser de otro modo. Esto es una ventaja para los Gobiernos ya que pueden ampararse en esta vaguedad para decir que 'no hay que exagerar las cosas'. En toda democracia hay 'inseguridad ciudadana'. Pero también puede ser una desventaja porque la legitimidad del Gobierno está vinculada al reconocimiento de los ciudadanos. Cuando los ciudadanos normales (los que viven de su trabajo y no de dedican a delinquir) se atreven a quemar la casa de un 'presunto delincuente' y dicen que están hartos y atemorizados y que al presunto delincuente nunca le pasa nada, es que hay un problema serio.


En tales casos, no basta con decir que 'son una cuadrilla de fachas que se toman la justicia por su mano'. Tampoco es aceptable justificar su violencia, aunque sea por un argumento consecuencialista. O sea, si esto se generaliza, perdemos todos. Estaremos peor. Ahora bien, la cuerda que se tensa tiene un límite. Este es el problema. Cuando en una sociedad (o en una región) hay una fuerte sensación de inseguridad por parte de los ciudadanos 'normales', el Gobierno tiene la responsabilidad legal y política de dar las condiciones suficientes para garantizar unos niveles aceptables de seguridad. No puede estar echando las culpas a los ciudadanos continuamente.


Esto tiene que ver, también, con el tipo de normas jurídicas (especialmente penales y procesales) que el Gobierno de turno dicte. Muy resumidamente. Si un Gobierno enfatiza en exceso (lo que exige interpretación) una filosofía jurídico penal garantista, que favorece al delincuente, se producirán unos resultados diferentes a si se enfatiza en exceso una filosofía jurídico penal de defensa de la sociedad. Cada una tiene sus riesgos, incluso respetando las exigencias propias de un Estado de Derecho, que son interpretables.

La última palabra, en democracia, la tiene la gente. Siempre que se respeten los derechos humanos. La actuación de los vecinos de Villaconejos no es justificable, ni moral ni legalmente, pero la responsabilidad no es sólo suya. La previa y grave responsabilidad radica en un Gobierno que no es capaz de garantizar el respeto a la vida, la libertad y la propiedad. O sea, permite que la cuerda se tense demasiado y que los ciudadanos 'normales' se vean actuando de una forma que ni ellos podían imaginar.


SÉPTIMO.
Recordemos unas palabras de Hobbes:
'Dos son los ciertísimos postulados de la naturaleza humana que mueven al hombre en su vida personal y colectiva, el apetito natural y el principio de autoconservación.

Por eso, tanta gente acepta recortes en la libertad para alcanzar mayor seguridad. Aunque nunca pueda alcanzarse completamente. Por eso tanta gente acepta las molestias en los aeropuertos, por ejemplo, porque tiene 'miedo' a que se cuele un terrorista y ponga una bomba en el avión. Entender esto y tomar las medias oportunas, es prueba de que un Gobierno ha entendido que no puede exigir heroicidad a sus ciudadanos. Por ello debe garantizar unos niveles de seguridad que ellos, los ciudadanos, sientan como aceptables.

Cuanto más nos alejamos de la seguridad que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos, más nos acercamos al hipotético estado de naturaleza hobbesiano, en el que los hombres conservan su capacidad de violencia, porque todavía no la han cedido al Estado a cambio d ela protección de su vida y su propiedad. Recordemos que si el Estado no cumple su parte del hipotético contrato social, los hombres quedan desvinculados de sus obligaciones y vuelven a ser titulares de la capacidad de violencia, en un ámbito en que ya no gobierna la ley, sino el más fuerte.

Pero los Gobiernos falsamente 'progresistas' no quieren utilizar (o utilizar menos de lo exigible) la violencia legítima porque saben que incluso la utilización de esta violencia, deslegitima el poder político. Lo va minando. La prensa muestra a los ciudadanos la parte fea del poder político, su fuerza bruta aunque legalizada. Por eso, a los Gobiernos irresponsables les gusta más hablar de 'PAZ' y de 'DIÁLOGO' que cumplir con sus obligaciones. Pero, a veces, hay un alto precio que pagar por esta dejación del Estado. Así lo creyeron, y padecieron, los vecinos de Villaconejo.

Sebastián Urbina.