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Leo (ABC/25/1/2007)

una editorial que hace referencia a una decisión del Tribunal Constitucional, de la que entresaco algunos aspectos relevantes.



'El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra los Presupuestos Generales del Estado para 1998 por no incluir en sus previsiones de gasto la llamda ''deuda histórica'' de dicha comunidad autónoma ... Un precedente decisivo a efectos del recurso pendiente contra el Estatuto de Cataluña ... Entre ellas, la financiación autonómica es una materia capital, ya que afecta al principio de solidaridad que- con los de unidad y autonomía- es la base del sistema autonómico, según el artículo 2.

Cataluña goza con el nuevo Estatuto de un régimen de ''bilateralidad'' y de una financiación privilegiadas en términos objetivos, según han reconocido todos los expertos. Se trata ahora de saber si ello es susceptible de encaje en el marco constitucional ...


Por eso es tan importante que la sentencia reciente fije unas reglas de juego que anticipan muy serios problemas de constitucionalidad para el Estatuto catalán. De acuerdo con el TC, el Estado tiene competencia exclusiva para establecer las asignaciones presupuestarias destinadas a las comunidades autónomas y no tiene el deber de consignar de forma obligatoria ninguna cantidad que venga impuesta por un Estatuto. Muy al contrario- advierte con todo rigor- el Estado debe atender en su conjunto a la totalidad de los instrumentos para la financiación de las comunidades, que gozan de autonomía financiera con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles (artículo 156 de la Constitución) ...
Además, el Tribunal apela de forma expresa al principio de lealtad constitucional ... Aunque no está recogido literalmente en la Constitución, la lealtad en el funcionamiento de un Estado complejo es parte del acervo jurídico de nuestro modelo territorial, con sus variantes de cooperación, coordinación y atención a las competencias de los demás entes'.


Título de la noticia: No todo está perdido.



PRIMERO.

Reconozco que las reformas estatutarias, especialmente la catalana, emprendida gracias a la irresponsabilidad de la clase política catalana (casi toda) y de nuestro Presidente, que se ofreció a apoyar ''lo que saliese del Parlamento catalán'', me tienen preocupado.

No vale la excusa de que cuando el actual Presidente hizo esta oferta electoral no creía, de ningún modo, que iba a ganar las elecciones. En este aspecto, el trágico 11-M fue decisivo para la victoria de los socialistas.

Es una falsa reforma estatutaria, hecha con deslealtad. El artículo 147.3 de la Constitución nos dice que las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido por el artículo 149. Este último artículo, se refiere a las competencias exclusivas del Estado. Hay 32 materias. Sólo citaré, brevemente, tres. La primera: ''La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales. La tercera: ''Relaciones internacionales''. La quinta: ''Administración de Justicia''.


SEGUNDO.

Aunque hay 32 materias en las que el Estado tiene competencia exclusiva, estas tres, antes citadas, ya muestran la deslealtad de la reforma estatutaria catalana. En primer lugar, tienen un régimen de bilateralidad y una financiación privilegiada. La bilateralidad es un insulto a los demás españoles y un ataque directo a la soberanía nacional. Quieren tratar al Estado ''de tú a tú'', como si fueran una Nación-Estado independiente. Los demás españoles somos ''de segunda''. Esto está en la línea de ilustres pseudosocialistas, como Pascual Maragall y adláteres, que proclaman el federalismo asimétrico. Asimétrico a su favor, claro. Cualquier persona sensata puede entender que estos privilegios (impropios de un Estado moderno y democrático) y asimetrías provocan rechazo, en el mejor de los casos, y resentimiento, en el peor.

En segundo lugar, las relaciones internacionales. Cualquier politiquillo de tres al cuarto (y en este comportamiento aldeano y sátrapa no están solamente los políticos catalanes) se pasea por el mundo con su séquito de pelotas, chupópteros y consejeros áulicos, gastando el dinero público sin miramientos. Olvidan, voluntariamente, que son una Autonomía (con poder delegado) no un ente soberano. La patética ridiculez de la mayoría de nuestros políticos produce risa y bochorno.


Otra cosa es que cuando se ventilan intereses específicos de una Autonomía (que repercute e interesa en el resto), los representantes del Estado vayan acompañados por expertos autonómicos en la materia de que se trate. Esto lo podríamos llamar ''coordinación y cooperación''. ¡Qué poco les gusta a algunos!

En tercer lugar, la Administración de Justicia. Especialmente los nacionalistas periféricos, ayudados por personajes de la talla moral e intelectual de Patxi López, Odón Elorza y demás, desean o no se oponen, a una desmembración de la Justicia, en el puro estilo de los reinos de taifas. Otra muestra del intento de quebrar el edificio constitucional, convirtiendo el Estado de las Autonomías en una especie de Confederación de naciones, imperios ibéricos o cualquier otra bobada.

Recordemos que este edificio constitucional no se rompe de un día para otro. Para que se debilite progresivamente, tiene que haber, y hay, una persistente voluntad de despiece, de desmembración. Lo grave no es que los nacionalistas periféricos estén por la labor. Nada bueno se puede esperar de ellos. Lo grave es que algunos pseudosocialistas prefieran ir del brazo de estos nacionalistas desleales en vez de consensuar cuestiones de Estado con el principal partido de la oposición.

Por cierto ¿qué podríamos esperar de un Tribunal Supremo que terminase en el propio País Vasco? ¿Se atrevería a condenar a los etarras y sus simpatizantes?


TERCERO.

Es importante retener que los principios de solidaridad, unidad y autonomía son claves para el mantenimiento de nuestro Estado. Pues bien, los nacionalistas periféricos (con las tristes ayudas citadas) atacan el principio de solidaridad entre todos los españoles. Para empezar, les suena mal. Los políticos catalanistas creen (uno puede creer lo que quiera) que son la ubre que amamanta al resto de España. Dada su capacidad de mentira y autoengaño, no es de extrañar que, según los catalanistas, no haya problema lingüístico en Cataluña. Además, el que no se crea las mentiras oficiales es un 'mal catalán' o un 'españolista'. Nadie quiere ser señalado. a callar, a disimular. Vivimos en el ''oasis catalán''. Las críticas son expresión de odio a Cataluña. Y así más estupideces.

Por lo que respecta a la ''unidad'', mienten como bellacos. Lo usual, y lo he tenido que escuchar repetidas veces, es hablar de ''uniformidad'. Dejando aparte los casos de simple y llana ignorancia, que los hay, muchos otros destilan su mala fe, insistiendo en una clamorosa falsedad. Dicen que hay uniformidad. Hay que tener poca vergüenza para no reconocer (como hacen , por ejemplo, los comentaristas extranjeros o cualquier persona informada) que el País Vasco o Cataluña, por ejemplo, tienen un grado de autonomía comparable a un país federal. Con una importantísima diferencia. En los países federales, por ejemplo Estados Unidos, poco importa el número y calidad de las transferencias competenciales, porque hay lealtad constitucional.

Yo no discutiría competencias y transferencias si los nacionalistas periféricos tuvieran lealtad constitucional. Pero no la tienen. Nada. No son de fiar. Lo han demostrado repetidamente.


Por último, la autonomía quieren convertirla en soberanía. De poder delegado a poder originario. Deslealtad por todas partes. Victimismo y chantaje, dos caras de una misma moneda. Amparadas en una ley electoral catastrófica, que permite que grupos minoritarios (y antiespañoles) tengan la clave de la gobernabilidad.

Que la mayoría de los ciudadanos entienda esto, es de crucial importancia para que este espacio de historia, intereses, sentimientos, proyectos y libertad, llamado ''la España constitucional'', siga adelante. Esperemos que el Tribunal Constitucional esté a la altura de las circunstancias, en estos graves y preocupantes momentos.

Sebastián Urbina.