miércoles, 16 de julio de 2008

¿SÓLO BALANZAS FISCALES?


16/7/2008.



¿SÓLO BALANZAS FISCALES?

Un nuevo disparate de Zapatero: comienza el espectáculo insolidario de las balanzas fiscales en España


. El Gobierno ha publicado, por fin, las balanzas fiscales. Todo un disparate. Como si en España hubiese diecisiete estados.

. Y dice que Baleares, Madrid, Cataluña y Valencia son las autonomías que más contribuyen a la solidaridad territorial. Al parecer, once comunidades autónomas reciben más de lo que dan al Estado mientras ocho ingresan menos de los que aportan.

. No se han atrevido a publicar las balanzas comerciales, porque Cataluña, por ejemplo, puede salir muy perjudicada ya que vende mucho más de lo que compra. Y vende en las autonomías más pobres. Con todo lo que ello lleva consigo.

. Pero todo esto se sabía. No hacía falta publicarlo. El artículo 2º de la Constitución lo amparaba. Defendía la solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones.
. Pero los nacionalistas son insaciables y querían que se publicasen. Incluyo entre los nacionalistas al PSC.(diarioliberal.com)
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'Si Manolo el del bombo fuera ministro de Hacienda'.

Dicen por ahí que, al fin, Zapatero va a dar satisfacción a una vieja obsesión de los micronacionalistas moderaditos –léase CiU–, penosa enfermedad mental de la que se contagiaría, primero, la izquierda catalana toda, y que terminaría afectando hasta a los mismísimos compañeros de viaje de la Meseta (nunca preguntes por quién doblan las campanas, Mariano). Me refiero, naturalmente, a la manía de Jordi Pujol por certificar a cuánto asciende el "superávit fiscal" que disfrutan los parados, las viudas, los huérfanos, los jubilados o los discapacitados en relación al resto de las personas físicas que somos contribuyentes netos al Fisco.

"Balanzas fiscales" llaman al invento. Un morboso ejercicio de contabilidad creativa que apenas ha de servir para universalizar cierta idiotez conceptual, por lo demás muy del gusto de los periodistas económicos: la que consiste en propalar que Madrid "paga" más que Andalucía, que Murcia es "menos solidaria" que Cataluña o que "cada extremeño" recibe del Estado no sé cuántos euros al año.

Sin embargo, ni el río Segre ha ingresado jamás un céntimo en las arcas de Hacienda, ni la Puerta de Alcalá le ha firmado pagaré alguno a la Giralda de Sevilla, ni los Picos de Europa mantienen correspondencia mercantil con el Coto de Doñana. Y es que, aunque al estudioso de la Economía José Montilla le semeje insólito el aventi, quienes contribuimos a costearle el sueldo –además de los informes sobre la cría de codornices japonesas– resulta que somos los individuos, no los territorios.

Por lo demás, y quizás como homenaje póstumo a Napoleón –"Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable; si quieres que se demore eternamente, nombra una comisión"–, el "grupo de expertos" del Gobierno ha alumbrado unas conclusiones sobre el asunto idénticas a las que hubiese obtenido Manolo el del bombo con sólo rascarse durante tres segundos la sesera. A saber, que el "déficit" de Cataluña debe rondar, más o menos, entre el 5 y el 8 por ciento de su PIB, y el de Madrid, pues un poquito más, entre el 5 y el 9 por ciento. Para ese viaje, compañero Solbes, no hacían falta muchas alforjas teóricas.

Aunque, ya puestos a contar mentiras, tralará, sería menester que los "expertos" nos revelasen cómo han territorializado esos ingresos y gastos del Estado que, por su propia naturaleza, resultan absolutamente imposibles de feudalizar. Por ejemplo, ¿qué parte del precio de las fragatas que Carme Chacón mantiene luchando en la guerra de Irak a favor de los yanquis ha sido imputado en la "balanza" como "servicios" recibidos por Cataluña?

Venga, don Pedro, mándenos a Zerolo con una pancarta a Barcelona para que nos saque de ascuas.(José García Domínguez)
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(ElSemanalDigital).Los expertos que lo elaboraron han presentado seis supuestos y en todos ellos se destaca que las autonomías de Madrid, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las que "más contribuyen" a la solidaridad territorial. Once comunidades autónomas reciben más de lo que dan al Estado y ocho registran déficit. Pero a los nacionalistas catalanes no les ha gustado esa lectura. Esperaban salir peor parados (como la comunidad que más aporta y menos recibe) para tener una excusa para forzar al Gobierno a que revise el modelo de financiación autonómica en favor de Cataluña.

En su presentación, el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, insistió en que "en ningún caso" podrán utilizarse estos datos para la negociación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. Además recordó que es la primera vez que un Gobierno publica estas balanzas y reconoció que su elaboración ha sido "difícil".

El déficit fiscal de Cataluña se sitúa entre el 6,38% y 8,70% de su PIB, según las seis balanzas fiscales con datos de 2005 que ha elaborado el Ministerio a través de las dos metodologías acordadas tras las presioens de los partidos catalanes. Por su parte, el déficit fiscal de Madrid se sitúa entre el 5,57% y el 9,13% del PIB de esta comunidad. Las comunidades que más se benefician de esa solidaridad son Extremadura, Asturias y Melilla.

Por su parte, el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, pidió que los datos contenidos en las balanzas fiscales no sean utilizadas "para enfrentar a los españoles" ni para crear "agravios comparativos". Además señaló que los datos no arrojan sorpresas porque lo lógico en el actual sistema es que las comunidades con mayor renta aporten más al conjunto. Lo importante no es, en su opinión, la aportación de un territorio concreto, sino de cada uno de sus ciudadanos, que en función de sus circunstancias aportan recursos y reciben servicios.






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Los catalanistas esperaban poder usar estas balanzas fiscales como argumento para una nueva financiación autonómica, en la que el Principado saliese más beneficiado. En realidad, las Comunidades que más se beneficiarían de un cambio de modelo que tratase de equilibrar los saldos fiscales regionales serían precisamente Madrid y Valencia, que no piden una ruptura semejante del principio de solidaridad. El portavoz de Economía del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, pidió que los datos contenidos en las balanzas fiscales no sean utilizadas "para enfrentar a los españoles", entre los que no caben "agravios comparativos".

Montoro, además, ha puesto el dedo en la llaga al recordar que no son las Comunidades las que pagan impuestos, sino los españoles que viven en ellas. En ese sentido, es natural que las regiones con mayor riqueza per capita paguen más impuestos. Pero no se trata de una desigualdad injusta sino de la aplicación del principio constitucional de solidaridad.

Cabría preguntarse, además, por qué otros nacionalistas habitualmente reivindicativos como galleguistas y vasquistas han permanecido en silencio ante esta noticia. Galicia está entre las regiones beneficiadas por el actual sistema fiscal, y un cambio en la dirección propuesta por los catalanistas no convendría a los actuales gobernantes gallegos. El País Vasco, por su parte, tiene un sistema fiscal propio de origen foral y preconstitucional que difícilmente puede hacerse pasar por solidario y que los nacionalistas no desean modificar.

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Madrid y Baleares son más solidarias que Cataluña en su aportación al Estado

Se derrumba el tópico. No es Cataluña la región más solidaria de España. La insistencia de los dirigentes políticos catalanes a la hora de pedir que se hagan públicas las balanzas fiscales ha dejado al desnudo una reivindicación con la que se ha pretendido hacer creer al resto del país que Cataluña es la Comunidad que más dinero aporta al conjunto nacional y la que, en proporción, menos recibe. No es así, Madrid y Baleares, según el informe del Instituto de Estudios Fiscales, hecho público ayer, superan a Cataluña y son más solidarias que ésta.
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Unión Progreso y Democracia ha señalado que la publicación de las Balanzas Fiscales de las Comunidades Autónomas por parte del Gobierno es una grave irresponsabilidad porque alienta un debate estéril y falaz que presenta a las regiones ricas como las más perjudicadas por el sistema fiscal, y por tanto más merecedoras de inversiones públicas. Algo semejante a proponer que los ciudadanos más ricos, puesto que pagan más impuestos que la gran mayoría, deberían conseguir muchas más compensaciones del Estado que quienes tienen o ganan mucho menos.

Las Balanzas Fiscales, señala UPyD, son un instrumento estadístico elaborado con distintas metodologías y que, según sean los criterios aplicados en cada caso, puede dar lugar a resultados muy diversos e incluso contrapuestos. Por ese motivo, UPyD considera que no deben ser objeto de publicación oficial. Además, el Gobierno falta a la verdad cuando alega que la publicación de las Balanzas Fiscales obedece a un mandato parlamentario. UPyD recuerda que fue el Presidente del Gobierno, y no el Congreso de los Diputados, el que, para dar satisfacción al grupo de CiU en el Congreso durante el debate de investidura, adoptó el compromiso de publicarlas.

UPyD considera que presentar las Balanzas Fiscales tal como lo ha hecho el Gobierno tampoco ayuda a conseguir una mayor transparencia, pues no se especifican los criterios de imputación empleados para los diversos conceptos de ingresos y gastos públicos, excepción hecha de los que afecta al impuesto sobre sociedades y a los intereses de la deuda pública. El Gobierno tampoco aclara si sus cálculos contemplan los ingresos y gastos de la Seguridad Social.

H
ay que recordar que no son los territorios, sino los ciudadanos, los que pagan impuestos y se benefician del gasto público. Por eso las Balanzas Fiscales introducen un concepto equívoco al sugerir que su saldo beneficia o perjudica a determinadas Comunidades Autónomas, algo completamente incierto. Los saldos fiscales que se imputan a cada región son la consecuencia del ejercicio de los derechos y obligaciones de los ciudadanos; por eso mismo, la imputación de flujos fiscales interregionales sólo refleja la igualdad con la que los ciudadanos ejercen sus obligaciones fiscales y reciben las prestaciones sociales y los servicios públicos.


Utilizar las Balanzas Fiscales en el debate de financiación autonómica, tal como viene haciendo la Generalidad de Cataluña, no responde a otra intención que a la de limitar los flujos fiscales interregionales y, por tanto, a la de cercenar los derechos sociales de los ciudadanos que viven en las Comunidades Autónomas de menor nivel de renta.

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POR IGNACIO CAMACHO

¿PERO qué monserga es ésta de las balanzas fiscales? ¿Desde cuándo un Gobierno socialista acepta sin rechistar que los tributos los pagan los territorios y no los ciudadanos? Y aun así, ¿cómo se pueden dibujar aduanas tributarias en una nación que se supone comparte un mercado y una Hacienda únicos? ¿Habrá también balanzas comerciales autonómicas? ¿Y de cuotas de Seguridad Social? ¿Y cómo demonios las medimos? ¿Habrá que volver a los aranceles internos como parte de la recuperación de la memoria histórica?

Vamos a ver; si una ciudadana de Badajoz, que recibe por vía directa o indirecta transferencias de renta procedentes de Cataluña o Madrid, se compra una blusa en Mango, empresa textil catalana... ¿esa transacción en qué balanza se apunta? Cuando la sanidad pública andaluza adquiere sus materiales a fabricantes catalanes o madrileños y los paga con fondos aportados por dichas comunidades, ¿se cuenta ese dinero como pago o como ingreso de quién? Si un gallego subvencionado adquiere un electrodoméstico Fagor, fabricado en una autonomía protegida fiscalmente por concierto, o un mueble valenciano, ¿genera déficit o superávit fiscal? ¿Y si un parado andaluz ingresa su subsidio de desempleo en la Caixa? ¿En qué comunidad se pagan los impuestos de la producción de energía en la central extremeña de Almaraz? ¿Con qué balanza pesamos el intercambio cotidiano de millones de euros circulantes por los mecanismos de nivelación interregional?

Además, cualquiera diría, oyendo a los nacionalistas, que su contribución al presunto superávit fiscal de las regiones más pobres es voluntaria, y hay que agradecerla como si fuesen donativos a una ONG. Oiga, yo no conozco a nadie que pague tributos de buena gana. Se paga porque lo dice la ley, y se paga lo que dice la ley; ni más ni menos, aunque a todo el mundo le parece mucho. Se llama solidaridad, progresividad fiscal, y es un sistema imperfecto pero más o menos justo de redistribución de la renta. Entre personas, no entre territorios, y según cuánto ganan, no según donde viven. A ver si nos enteramos todos de una vez: los catalanes, los extremeños, los andaluces o los baleares tienen derecho a la misma educación o a la misma sanidad no porque sean catalanes, andaluces o extremeños, sino porque son españoles. ¿A que parece claro? Pues algunos no lo quieren ver. Porque no les interesa.

Y hablan de las balanzas porque la solidaridad se les antoja un peso. Porque desean que el Estado deje de invertir en Almendralejo, Bailén o Carballiño para que invierta más en Olot, Tarrassa y Hospitalet. Que sus impuestos financien sólo o preferentemente sus propios servicios y sus aspiraciones de «construcción nacional». Que se rompa el equilibrio igualitario en virtud del cuál se pagan las necesidades de los que tienen menos con los impuestos de los que ganan más.

Que ése sea el designio de los nacionalistas tiene su lógica. Aislacionista e interesada, pero lógica. Pero... ¿a qué lógica responde que los socialistas cedan a la pretensión de trocear, segmentar o desarticular la igualdad de todos los ciudadanos aceptando unas balanzas trucadas?


A la lógica de mantenerse en el poder a cualquier precio.
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En un primer envite, se saldrá de apuros aumentando la deuda pública

Álvaro Delgado-Gal

Las balanzas fiscales publicadas por el Gobierno confirman que Madrid es la región que más PIB transfiere, y Baleares la que realiza un mayor esfuerzo por habitante. Cataluña se encuentra por debajo de la capital en ambos conceptos, aunque su aportación es esencial en el esquema redistributivo nacional. Notable, aunque a menor escala, la aportación valenciana. La del País Vasco, como se sabe, es cero o negativa, a despecho de la posición destacadísima de esta comunidad en el ránking de ingresos por cápita. Obtener una situación semejante a la vasca, forma parte del horizonte reivindicativo catalán. Se comprende: ¿quién, en igualdad de condiciones, puede resignarse a recibir peor trato? El privilegio sólo es sostenible en sociedades que toleran la desigualdad o incluso la incorporan a la ley. Pero en una sociedad moderna el privilegio sólo puede durar un rato. Con el paso de tiempo desaparecerá, bien haciéndose general, bien porque se estime oportuno abrogarlo.

Un país cartesiano obraría sin duda alguna en la segunda dirección, por dos razones evidentes. La primera, es que es más fácil, técnicamente, alterar la posición de un agente, que las de muchos. La segunda y de mayor tomo, es que la generalización del privilegio impedirá la financiación del Estado. Y sin embargo, se tomará el derrotero complejo, por motivos que todos sabemos. Es impensable alterar el statu quo vasco; y aun si ello fuera factible, resultaría probablemente tardío. El mensaje que envía Cataluña, de hecho, no es sólo que están pagando más que otros. Es, además, que están pagando demasiado, con independencia del agravio comparativo. La puja, en fin, se ha bifurcado, o dividido en dos vías. Cuando mira al Norte, el catalán se llama a engaño. Y cuando lo hace a Extremadura o Galicia, también, ya que se estima que esas regiones están consumiendo servicios sociales de forma inmoderada y a costa de los excedentes de Cataluña. Nos enfrentamos, en fin, a las complicaciones del sudoku, que dijo Solbes. En un primer envite, se saldrá de apuros aumentando la deuda pública. Para la fase siguiente, se carece de recetas.

Lo que es grave de verdad, es que las disensiones fiscales reflejan, y al mismo tiempo alimentan, la desnacionalización de España. Tomemos, como punto de referencia, a Alemania. En el Senado, los representantes de los länder discuten sobre cómo han de repartirse los caudales. Pero en ningún instante se pone en cuestión la unidad patria. Aquí, las reivindicaciones fiscales catalanas son a la vez reivindicaciones nacionalistas. Su emulación próxima por otras comunidades —verbigracia, Valencia— asumirá también un sesgo nacionalista. Llegaremos al colmo del absurdo cuando los partidos madrileños, en vísperas de las elecciones regionales, reclamen un estatuto que ponga a Madrid a la misma altura que otras comunidades ricas. No asistiremos al nacimiento de un nacionalismo madrileño, porque ello integraría una contradicción en los términos. Pero sí a su equivalente en el plano de la práctica. En el trance, se nos olvidará lo más importante: y es que los contribuyentes son los ciudadanos, no los territorios. Los territorios ricos ofrecen un saldo fiscal negativo porque su población agregada genera más riqueza, no porque el dinero surta, misteriosamente, del suelo. Sufrirá la causa de la solidaridad, velada o distorsionada por la puja regional; sufrirá la nación; y finalmente sufrirá el sentido común, el cual nos intima que todos saldríamos ganando, incluidos los que pagan, en un Estado integrado.

Consideraciones de este tipo han conducido a la conclusión de que ha sido un error la publicación de las balanzas fiscales. Estábamos mejor cuando las excepciones vasca y navarra eran un secreto conocido de pocos, e ignorado por los más. La situación fiscal española ha venido abriéndose paso en la opinión de modo imparable, según crecía la presión de Cataluña y otros territorios adoptaban posiciones en la línea de salida. Ocultarla, es ya imposible, y por lo mismo, vano todo intento de volver al sigiloso pasado. Enfilamos, los españoles en conjunto, una etapa inédita.



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