con 1.200 millones el primer año
Cataluña rechaza el modelo de Financiación que propone el Gobierno
El conseller de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, ha dicho hoy que la última propuesta sobre el modelo de financiación del Gobierno central -rechazada por la Generalitat- contempla unos ingresos de 1.200 millones de euros el primer año, 1.600 el segundo y hasta los 2.000 el tercero.
Redacción España - 19-03-09
Joan Saura.
Según ha indicado Saura en una rueda de prensa en el Parlament, esta propuesta ya ha sido desestimada por el Gobierno de la Generalitat por considerarla "insuficiente" y porque no se corresponde con el modelo previsto en el Estatut.
El Departamento de Economía, cuyos responsables se han mostrado inicialmente sorprendidos con el hecho de que el conseller Saura haya precisado las cifras de la propuesta, ha acabado por confirmarlas y han añadido que el primer año de aplicación del sistema supondrían 1.200 millones, el segundo 1.600 y el tercero 2.000 millones de euros.
Según el conseller Saura, si en poco tiempo sigue sin haber avances en la negociación "habrá que pasar capítulo", lo que "no significa necesariamente levantarse de la silla de negociación".
Saura ha indicado que en la reunión de la "parte catalana" de la comisión mixta sobre financiación que se ha celebrado esta mañana en el Parlament se ha adoptado el acuerdo de "decir que no" a la última propuesta que le ha hecho llegar el Gobierno español al de la Generalitat en una fecha que no ha especificado.
Según el conseller, hay desacuerdo tanto en las cifras, "que son inaceptables", como "en el tipo de modelo, ya que no asegura que la evolución de los ingresos en años posteriores sea positiva".
Lo que ha hecho la "parte catalana" de la comisión mixta es, según Saura, "reiterar el 'no' a esta propuesta" y emplazar al Gobierno central para que modifique el modelo y presente "cifras dignas".
"Estamos dispuestos a negociar hasta donde haga falta sobre las propuestas que se hagan a Cataluña y no sobre otras", ha recalcado Saura, antes de explicar que las negociaciones "no se pueden eternizar", por lo que si no hay avances en poco tiempo "habrá que pasar capítulo".
Sobre la posibilidad de que se produzca una reunión entre los presidentes José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla para tratar de reconducir las negociaciones, Saura ha afirmado que "la interlocución al más alto nivel siempre es buena" y ha apuntado que "sería positivo que haya un nuevo impulso al más alto nivel".
Según el conseller de Interior y Relaciones Institucionales, la Generalitat puede acabar por decir que "no" a la propuesta definitiva del Gobierno español, pero ha recordado que "el sistema de financiación que se discute es consecuencia de la demanda de Cataluña, por lo que sería inverosímil" que esta última "quedase al
margen".(Cope.es)
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Con los dineros del Estado, los nacionalistas cometen cuatro falacias. La primera es la más conocida, la de afirmar eso de que "España nos roba". La eterna cantinela catalanista. Esta matraca la hemos tenido que soportar durante años. Se suponía que Cataluña sólo aportaba al Estado y éste le devolvía una miseria. Mientras tanto, Madrid y el resto de España vivían a costa de los catalanes. Aunque parezca grosero, así se transmite y así se ha instalado en el inconsciente colectivo de millones de personas en Cataluña.
Tragado el sapo, ahora se disponen a explotarlo metabolizado en el dret a decidir (o sea, "derecho a decidir"). Este lema, inventado por los vascos para reivindicar la autodeterminación, ha sido adaptado por los catalanistas más independentistas con la chulería de quienes no necesitan dar razones ni cuentas a la ley. Pero con una sutil diferencia; mientras los vascos van de frente y exigen todo por el mero hecho de ser vascos, los nacionalistas catalanes lo empiezan a utilizar como señuelo para camelar el descontento social por las infraestructuras y montar manifestaciones con el "derecho a decidir". Ese será el lema de la del sábado en Barcelona. Y allí estarán todos los nacionalistas, más todos los que se crean que asistiendo a la manifestación estarán pidiendo decidir sobre las infraestructuras.
Es un error doble: el de confundir cualquier descontento provocado por una mala gestión con la forma del Estado (¿habremos de pedir la devolución de la seguridad al Estado porque la Generalitat la esté gestionando mal?) y el caer en la misma trampa de la transición. Y es que entonces, aprovechándose del rechazo generalizado al franquismo, el catalanismo abanderó las reivindicaciones nacionales como si fueran la antítesis democrática al régimen y, en una década, convirtieron las organizaciones políticas y sindicales en lacayos de una de las ideas más rancias del siglo XIX: el nacionalismo. En Cataluña no conocemos otro gobierno desde entonces.
Pues bien, con la publicación de las balanzas fiscales realizado por el BBVA, la falacia se desvanece: Madrid paga el doble que Cataluña; o sea, cada madrileño aporta 3.247 € a la caja común del Estado, frente a los 1.489 € que paga cada catalán, datos que corresponden al quinquenio económico 2001-2005.
La segunda falacia es el empeño de los nacionalistas en dar carácter de sujeto jurídico a lo que sólo es una realidad de geografía física (las regiones) o política (las comunidades autónomas) en cuestiones fiscales. Quienes pagan los impuestos son las personas físicas, y todas pagan exactamente lo mismo en cualquier lugar de España, dependiendo de su renta personal. Así, un catalán que gane 50.000 euros al año pagará exactamente igual que un madrileño, un gallego o un murciano que gane esa misma cantidad. No es, por tanto, su comunidad quien paga sus impuestos, sino cada uno de ellos, y por eso pagarán más las comunidades que tengan un mayor número de ciudadanos con rentas elevadas y afincadas muchas y grandes empresas. Es el caso de Madrid, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, que son contribuyentes netas a la solidaridad interterritorial.
Hay en esta confusión un enorme error: España es una nación de ciudadanos concretos, libres, con iguales derechos y deberes; no un conjunto de comunidades cuyo imaginario sujeto jurídico suplanta esos derechos individuales.
La tercera falacia es que para definir la contribución de las comunidades al Estado para que éste distribuya dicha renta en función de las necesidades de cada una de ellas se ha impuesto el concepto de solidaridad. De ahí nacen todos los agravios. No es solidaridad, es justicia distributiva. No se trata de que unos se apiaden de otros, sino de que el Estado por el poder que le confieren las leyes distribuya esa riqueza recaudada de forma equitativa entre todos los españoles. De la misma manera que una empresa o un ciudadano individual no puede disponer ser solidario con el dinero que ha de aportar a Hacienda porque es una obligación legal hacerlo, no lo son las comunidades que, además, no aportan nada.
Si permitimos que se llame solidaridad a lo que es una obligación legal, se podrá llegar a exigir, como pasa ahora, por parte de las comunidades más ricas, que esa solidaridad sea ésta o la otra. Si hablamos de justicia distributiva, serán los responsables políticos de cada momento y las reglas legales que nos hemos otorgado entre todos los que decidan donde y en qué cantidad deben ir los dineros de todos.
Pero la cuarta falacia es la peor. Si la propaganda nacionalista hubiera tenido razón, es decir, si las balanzas fiscales concluyeran que era Cataluña la que más pagaba, no cambiaría nada. Porque de la misma manera que un rico paga más que un pobre y eso no le da derecho a exigir al Estado que sus calles estén mejor asfaltadas, las regiones económicas que más producen han de pagar, pero no por eso pueden exigir gestionar el montante total de lo que pagan. Porque si así fuera, todos los ricos querrían gestionar sus impuestos, es decir, ninguno pagaría nada, porque la gestión de lo que pagasen repercutiría de nuevo sólo en ellos. ¿Quién pagaría entonces la seguridad social de todos, el colegio público, los transportes, las carreteras, las fuerzas armadas etc.? Simplemente no habría Estado.
Si se fijan, ni las políticas más conservadoras de la derecha más rancia se atreverían hoy a defender ese egoísmo fiscal. Y sin embargo, hoy, en España, el Partido Socialista de Cataluña, ERC, CiU e ICV, defienden esa política fiscal: quieren gestionar "sus" impuestos. Quieren tener "derecho a decidir" sobre todas las rentas que son de todos los ciudadanos españoles. Lo que nadie se atrevería a exigir como persona individual, lo exigen como nación. Nunca un argumento había definido tan nítidamente lo que es un comportamiento ideológico carca.
A propósito, un día u otro habrán de desaparecer esas antiguallas medievales llamados Fueros. Con perdón.
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