¿Es corrupto el PP, o se ha corrompido el Gobierno?
18-08-2009
El proceloso transcurso del "caso Gürtel" en los despachos de la Policía y la Fiscalía (a las órdenes del Gobierno), la Justicia y los medios de comunicación gubernamentales no ha demostrado que haya una campaña de acoso del Ejecutivo y el PSOE al partido alternativo de poder, el PP, como éste sospecha, pero sí han apuntado a que esta posibilidad es extraordinariamente verosímil.
Para empezar, la prueba de la existencia de esa acción sería enormemente complicada, si es que hubiera existido, porque son los mismos agentes que la hubieran operado los que tendrían que descubrir que se ha hecho. Es decir, sería la propia Policía Judicial la que tendría que descubrir si la Policía Judicial se ha extralimitado en sus funciones investigadoras para sembrar sospechas contra el PP más allá de las obligadas y evidentes investigaciones sobre los corruptos que han hecho negocios en el entorno popular.
Y también tendría que probarse que las filtraciones del sumario se han realizado por motivos políticos, lo que sólo podría explicar aquel que las ha difundido o aquel que las ha suministrado, lo que no es sencillo. Aunque sí sea lógico deducir que esta motivación política ha existido y que también se ha producido una transgresión de la ley en la filtración de piezas de sumarios secretos, que sólo pueden salir de fiscales, policías, jueves o agentes del Gobierno. Y que parte de estas piezas no tenían valor judicial (pues fueron desestimadas por los jueces) pero sí capacidad de deteriorar la imagen de los implicados, casualmente del PP.
Pongamos, pues, que las denuncias sobre espionaje al PP no pueden probarse. Pero pongámonos también en el siguiente supuesto. ¿Si no hay posibilidad de probar acoso al PP por parte del Ejecutivo socialista, por qué en vez de afirmar que el Gobierno no tiene ningún problema en investigar la denuncia del PP, para que se demuestre falsa, lo que hace el Gobierno es arremeter contra el PP al asegurar que éste pretende quebrar el Estado de Derecho?
Lo que ha sucedido hasta ahora es que el PP ve cosas raras en la investigación del caso de los corruptos cercanos a sus filas. Que piensa que se sigue esta investigación, mucho más allá de los indicios incriminatorios contra determinadas personas, de una forma inquisitorial, clandestina, sin derecho a defensa, manipulada en su difusión y con datos que sólo podrían conseguirse de forma ilegal. Que se busca desesperadamente por los investigadores, casualmente también a las órdenes del Gobierno, cualquier concomitancia, por extraordinaria que resulte, con personalidades destacadas del PP. Que cada relación con el caso, por circunstancial que sea, permite que se ponga en la picota de la opinión pública a dirigentes cualificados del PP, ya sea por el regalo de un bolso como por una declaración telefónica de amistad.
En una palabra, a raíz del caso de unos aprovechados que hacían negocios a la sombra del dinero público administrado en algunas regiones por el PP, se ha montado una causa general contra este partido. Y no digo yo que no haya razones, pues si se demuestra financiación ilegal del PP, que éste pague sus consecuencias (que, en todo caso, no deberán ser diferentes a cuando se demostró financiación ilegal del PSOE, en el caso Filesa).
Pero si todos los empeños policiales (y de la Fiscalía nombrada por el Gobierno) para llegar a esta conclusión resultan estériles, que se pida cuentas por investigar sobre presunciones falsas, por forzar con apoyo mediático el desprestigio de un partido y por utilizar espuriamente los medios del Estado contra un adversario.
Aquí la cuestión es la siguiente: o el PP es un partido corrupto, o el Gobierno que ha decidido con todos sus medios desprestigiar al PP está haciendo un uso corrompido de su Administración del Estado.
Pero, en un país donde la vicepresidenta del Ejecutivo anuncia las acciones de la Fiscalía contra su adversario, antes de que se pronuncie la propia Fiscalía, tiene un serio problema institucional.
En un país donde la Policía elige al juez de instrucción, cuando está de guardia, para que lleve un determinado caso con derivaciones políticas, tiene un problema institucional.
En un país donde se hermana el poder Ejecutivo y el poder mediático para atacar a un adversario, tiene un problema institucional.
Y, en un país donde no se admite la petición de defensa ante la presunción de abuso, con la acusación añadida a los posibles abusados de que quieren una quiebra de la legalidad, tiene un problema institucional de enorme gravedad.
Postdata policial.
El celo de nuestra policía al tirar del hilo de todas las posibles ramificaciones que pueden rozar al PP por la trama de los chorizos (presuntos) de Correa la desplegara para otras amenazas a la seguridad, España dejaría de ser el paraíso de las mafias, incluida la terrorista. Con adecuadas escuchas telefónicas, escuchas a los interlocutores de los escuchados, búsquedas de regalos y negocios concatenados, investigaciones sobre movimientos económicos, estudios sobre las redes familiares, etcétera, en España no quedaba un delincuente en un año. Salvo que sea más difícil atrapar a un presunto delincuente que desprestigiar a un presunto inocente. (José Antonio Sentis/ElImparcial)
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