El Supremo imputará a Garzón por prevaricación
Actualizado el 11/10/2009 - (LaNacion.es)
Baltasar Garzón, podría ser suspendido de sus funciones por el Tribunal Supremo como autor de un grave delito de prevaricación, pues se declaró competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
Fuentes jurídicas han manifestado a ÉPOCA que, “el juez instructor, Luciano Varela, está ultimando la resolución judicial que, con toda probabilidad, declare la apertura del juicio oral y consiguiente procesamiento de Garzón”. Dicha decisión provocará, de forma automática, que el máximo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, le suspenda cautelarmente de empleo y sueldo hasta que se conozca la sentencia, igual que ocurrió con el ex magistrado Javier Gómez de Liaño. Así reza el artículo 383.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice: “La suspensión de los jueces y magistrados sólo tendrá lugar, entre otros casos, cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”. En cambio, otras fuentes sostienen que la suspensión definitiva de sus funciones sólo se llevará a cabo cuando se conozca la sentencia firme.
“El que la querella haya provocado el inicio de diversas actuaciones jurídicas por parte del instructor, refleja que se han visto indicios racionales de criminalidad que encajan con la figura del delito de prevaricación pues, de lo contrario, se hubiera rechazado, de plano, nada más presentarla”, afirman fuentes del Consejo General del Poder Judicial.
Luciano Varela es conocido en la carrera judicial como “un magistrado muy riguroso, independiente, pese a pertenecer a la asociación Jueces para la Democracia, de tendencia progresista, y que aguanta muy bien la presión mediática porque no obedece a las órdenes del Gobierno”, afirma un compañero de carrera. “Varela es el mejor juez para instruir el caso Garzón”, resalta otro magistrado, que lo destaca por ser el autor de la Ley del Jurado de 1995, que le encargó el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch.
Y es que “el ambiente que se respira entre los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es de máxima tensión porque el asunto es muy delicado y sensible”, apunta un jurista del Alto Tribunal. Además, “el malestar va en aumento por la intromisión de políticos, medios de comunicación y jueces que opinan sin conocer el fondo del asunto”, enfatiza otro jurista.
Si, como se presume, la decisión del magistrado Varela es decretar la apertura del juicio oral y auto de procesamiento, por un delito de prevaricación tipificado en el artículo 446 del Código Penal, Garzón puede recurrir esta decisión ante los mismos cinco magistrados que en su día decidieron, por unanimidad, admitir a trámite la querella.
El entorno del magistrado Garzón le ve bastante nervioso y con cierta ansiedad ante la inminente decisión del Tribunal Supremo. Prueba de ello es que, durante el interrogatorio ante el juez, celebrado hace dos semanas, “Garzón contestó con voz titubeante y se puso tan nervioso que incluso presentó una queja in voce en el sentido de que el magistrado Varela le estaba haciendo preguntas valorativas”, señala Miguel Bernard, secretario general del sindicato Manos Limpias.
La acusación tiene muy claro que pedirá para Garzón la pena máxima del delito de prevaricación, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 a 20 años, porque concurren una serie de agravantes como mala fe procesal, abuso del Derecho, inseguridad jurídica y fraude de ley, explica Miguel Bernard. Por el contrario, la defensa del magistrado quiere que vaya de víctima apelando que le van a procesar por defender a los damnificados por los horrorosos crímenes del franquismo.
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