LA ENFERMEDAD IDENTITARIA.

Los nacionalistas catalanes contrarios a la independencia del poder judicial

25-08-2009 (El Imparcial)

Ante la suposición de que la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña no les acomode, los partidos Esquerra Republicana y Convergencia i Unió se han puesto la venda antes que la herida con declaraciones extremadamente violentas contra el alto Tribunal. Joan Ridao, portavoz de ERC, afirmó que si el Tribunal Constitucional modificara el Estatuto, las implicaciones serían una crisis institucional y la radicalización de los partidos catalanes, dificultando las alianzas políticas y afectando la estabilidad parlamentaria. Por su parte CiU declaró que, en caso que el TC modificara elementos del estatuto, como el término nación o la obligación de conocer el catalán, responderían de manera unitaria y firme. Ambos partidos acusan de una posible fragmentación y crisis estatal al PP y al PSOE.

Mientras, el vicepresidente de la Generalitat Josep Lluis Carod Rovira ha propuesto llevar a cabo una manifestación en septiembre, con el apoyo del ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall. Este último, a su vez, ha manifestado que, en caso de que el Tribunal modificara el Estatuto, habría que someter dicho documento a un nuevo referéndum con la justificación de que los catalanes deberán decir si aprueban el texto modificado, ya que anteriormente habían aprobado el actual. Sin embargo, cabe recordar que en el referéndum en el que el Estatuto de Cataluña fue aprobado, sólo el 49,42% de los catalanes emitió su voto y alrededor del 75% fue a favor, haciendo que menos del 40% de los residentes de Cataluña dieran el visto bueno al texto.

El Estatuto, un documento ex-novo, que muchos expertos consideran otra constitución, se impuso sin el consenso del principal partido de la oposición, a diferencia del anterior estatuto. Desde un primer momento, fue evaluado por juristas independientes como un texto más que discutible e interpretado como un intento de reforma constitucional por la puerta trasera que pretendía redefinir el sujeto de soberanía, cambiando una nación de ciudadanos por una confederación de territorios. No es, por tanto, sorprendente que haya terminado por tener dificultades crecientes y que amenace con desencadenar numerosas tensiones.

La actitud retadora y reacción agresiva de varios partidos nacionalistas ante lo que podría ser una resolución del Tribunal Constitucional estimando que algunos elementos del texto deben ser modificados, inicia de manera precipitada un conflicto con el resto del país y partidos políticos en la misma Cataluña, y pone de manifiesto una postura irresponsable que rechaza acatar decisiones judiciales cuando no son de su agrado.

La democracia en versión Occidental no es un plebiscito totalitario. Se basa en la separación y equilibrio de poderes. Y, en este tema, ese precisamente es el cometido del TC. En sistemas con un perfil federalizante, como el español, la intervención del poder judicial para encajar adecuadamente en la Constitución las disposiciones locales o estatales, es necesaria y normal en países de nuestro entorno cultural con una organización similar del territorio. Lo que resultaría insólito, ya fuera en Alemania o en los EE.UU., serían las amenazas y el cuestionamiento del sistema democrático descalificando a la Justicia.