viernes, 26 de marzo de 2010

SINDICATOS VERTICALES.


Actualizado Viernes , 26-03-10.
UGT y CC.OO. han abierto una campaña de adhesión a Baltasar Garzón entre los comités de empresa y representantes del mundo de la Cultura, de la Universidad y de la Abogacía, en la que se acusa al Tribunal Supremo de «persecución injusta» al magistrado de la Audiencia Nacional, imputado por distintas causas distintas por el Alto Tribunal. La declaración elaborada por ambos sindicatos será presentada en un acto público en el que intervendrán los secretarios generales de UGT y CC.OO., Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo.

Las dos organizaciones salen en defensa de la «histórica causa contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo» que instruía Garzón y que, según explican, «perseguía buscar a las personas desaparecidas y recuperar los restos mortales de los asesinados y verificar los hechos y la relevación pública y completa de la verdad, procurando una declaración oficial o decisión judicial que restableciera ante tales crímenes, la dignidad de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto; compatibilizando la actuación judicial penal con la Ley de la Memoria Histórica, en interés siempre de las víctimas».

A su juicio, el Tribunal Supremo, «en lugar de resolver los recursos y cuestiones de competencia pendientes en relación a la causa contra los crímenes del franquismo», ha admitido querellas de «grupos ultraderechistas alegando una presunta prevaricación del juez Garzón». Estas querellas «persiguen injustamente» al magistrado «también por otras actuaciones judiciales, como la instrucción de los graves delitos de corrupción política del caso Gürtel», añaden.

«Razones extrajudiciales» del CGPJ
En opinión de los sindicatos, en las actuaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto a Garzón «parecen estar pesando razones extrajudiciales». «Considerar que un juez comete delito de prevaricación porque se disiente de su criterio jurídico, que está motivado y fundado, compromete gravemente el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial». Además, añaden que «la persecución del juez Garzón cuestiona la consideración de la Justicia en la sociedad española, y también en el ámbito internacional». Más aún, agregan que «los impedimentos jurídicos que se sostienen por algunos para hacer inviable la causa de los crímenes contra la Humanidad del franquismo, hubieran hecho imposible también el Proceso de Nüremberg contra los criminales nazis».

«Nadie puede pretender erigirse en garante de la legalidad del Estado social y democrático de Derecho en el que vivimos, amparando vulneraciones de la memoria histórica y favoreciendo la impunidad de la corrupción política», sostienen.

Para UGT y CC.OO., «ningún poder está libre de control en una sociedad democrática: tampoco la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ni el Consejo General del Poder Judicial». En este sentido, manifiestan su «solidaridad en estas horas con el juez Garzón y el reconocimiento de su trayectoria ejemplar de defensa de los Derechos Humanos», al tiempo que exigen al Tribunal Supremo «que termine de manera inmediata la persecución injusta contra el juez Garzón y que resuelva ya las cuestiones pendientes en su sede sobre la causa de los crímenes contra la Humanidad del franquismo».
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SINDICATOS VERTICALES.

Los sindicatos verticales subvencionados, que tiene cautivo al Presidente Rodriguez Zapatero, impidiéndole adoptar medidas económicas efectivas para salir de la crisis, ahora amenazan al Tribunal Supremo. En su ignorancia mafiosa dicen que nadie está libre del control democrático de la sociedad. Ellos deberían aplicarse el cuento. La sociedad debe controlar de dónde vienen las subvenciones que reciben. La cantidad de liberados que tienen. Cuánto cobran.

El Tribunal Supremo no se controla por medio de 'piquetes informativos' como les gustaría a los sindicatos verticales. Ni con amenazas mafiosas. Seguramente los sindicatos verticales se sentirían más a gusto en Venzuela. Estos chantajistas no quieren saber que el poder judicial es un poder independiente. Sólo faltaría que los sindicatos verticales controlaran la justicia. Han controlado a Zapatero y ahora van a por el Tribunal Supremo. Son un peligro para la democracia.

Esta amenazante desvergüenza sindical es una muestra de lo bajo que ha caído esta sociedad. Y del bajo nivel democrático de la misma. Estamos en el camino hacia una república bananera. Esto es lo que les va a los sindicatos verticales. Recordemos lo que hacen con los suyos y podremos imaginar lo que hacen, y lo que harían si pudieran, con 'los otros'. Cuando el Gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, aconsejó la reforma del mercado laboral (como la gran mayoría de economistas de aquí y de fuera) un destacado sindicalista le gritó: 'Que se vaya a su puta casa'. Este es el personal que quiere controlar la administración de justicia.

¿No tendría el otro Cándido que tomar alguna medida legal por estas calumnias al T.S.?¡Nada menos que 'persecución injusta'!
Sebastián Urbina.
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FACTUAL.

Baltasar Garzón ocupa un gran espacio de los medios de comunicación, algo cada vez más habitual. Es una situación impropia de un juez, que sólo podría justificarse por el hecho de que el caso que juzga o instruye tenga mucha relevancia y sea muy prolongado. En el caso de este jueves, Garzón es noticia por dos motivos, y ninguno de ellos es bueno.

Ha vuelto a hacer buenas las críticas contra su labor como instructor, al que sus descuidos o malas prácticas han arruinado el caso de la acusación en más de una ocasión. Este jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha tenido que invalidar como prueba las escuchas ordenadas por el juez Garzón, y que reforzaban las conclusiones del Ministerio Fiscal. Sólo podemos esperar que este nuevo error del titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional no arruine la función de la justicia de esclarecer la verdad de lo ocurrido y asignar las responsabilidades penales correspondientes. Pero este nuevo ejemplo se añade a los motivos de desprestigio de un juez que, precisamente, parece buscar por encima de otras consideraciones el prestigio y la gloria personales.

Pero si por un lado Garzón no ha sido capaz de colocar su imagen a la altura de sus expectativas por los éxitos de su labor profesional, por el otro su carrera hacia el reconocimiento mundial le ha conducido por caminos sinuosos unos, de ida y vuelta entre la política y los juzgados, y peligrosos otros, con el intento de hacer política desde los juzgados. No es indudable que el hecho de ser titular de un juzgado de la Audiencia Nacional le capacite para someter a jurisdicción la ejecutoria de los dictadores por los que él sienta especial antipatía, e incluso la actuación de democracias y estados de derecho asentados, como es el caso de Israel. Es más, lo que indican las leyes y el sentido común es que no tiene jurisdicción para alguna de sus aventuras judiciales, que hay organismos nacionales e internacionales que sí son competentes; pero nada de ello resultó jamás un obstáculo para sus iniciativas y sus grandes planes.

De todos ellos, su intención de instruir una causa general contra el franquismo seguro que ocupaba un espacio privilegiado. En su imaginación se escribirían los textos más elogiosos por parte de la prensa, de los libros de historia, hacia su iniciativa de sentar al general Franco y su régimen en el banquillo, aunque fuera fantasmal. Justicia histórica, justicia política, pero ¿dónde queda la justicia sin calificativos, la única que él ha prometido cumplir fielmente? De eso, de la labor judicial que él ha puesto al servicio de otros intereses, sí atiende el Tribunal Superior de Madrid, que ha respaldado por unanimidad la instrucción del juez Varela contra Garzón por un delito de prevaricación al abrir esta causa. Y aún queda pendiente la causa contra él por cohecho y prevaricación, por cobrar dinero del Banco Santander al tiempo que esta entidad tenía una causa abierta en su juzgado, que acabó con el archivo de la causa.

Su situación personal es tan comprometida que lo mejor que puede hacer por la justicia es considerar la dimisión, aunque ello no vaya a detener las causas abiertas contra él. Pero lo más probable es que continúe huyendo hacia adelante, sin buenas perspectivas.



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