EL OASIS.CAT

COMIENZA EL DESACATO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Aunque el Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, considerase que "nada se opone, a efectos estrictamente autonómicos, a que las provincias catalanas pasaran a denominarse veguerías, ni nada impide, tampoco, que en ese supuesto los consejos de veguería sustituyeran a las diputaciones provinciales", el Alto Tribunal fue muy claro al dictaminar que cualquier alteración de los límites provinciales o de creación y modificación de las provincias compete al Estado y que "de ninguna manera" está al alcance "del legislador autonómico". Y en esa línea, concluyó que, "para ser conformes con la Constitución", los "consejos de veguería pueden sustituir a las diputaciones en el exclusivo caso de que los límites geográficos de las vueguerías coincidan con los de las provincias".

Pues bien, el Parlamento de Cataluña acaba de aprobar la llamada Ley de Veguerías que, lejos de limitarse a un cambio de nombre, suprime la demarcación provincial en Cataluña y la sustituye por siete veguerías (Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre y Alt Pirineu i Aran), en lo que supone un claro desacato al Tribunal Constitucional. Y es que, por mucho que inicialmente sólo sean operativas cuatro de las siete veguerías, y por mucho que, a toro pasado, se acordase en Cortes Generales una modificación de la legislación estatal que incluyese cambios en los límites provinciales, la voluntad del tripartito de saltarse a la torera la sentencia del Constitucional es tan clara como ya la dejó de manifiesto el propio Montilla hace quince días cuando, al referirse a este asunto, dijo que "las leyes deben aprobarse; puede que con algunas observaciones del Consell de Garanties Estatutàries, pero no a la luz de lo que diga la sentencia del Constitucional".

El presidente de la Generalitat expresaba así, dicho sea de paso, una doble voluntad de desacato por cuanto la sentencia del Constitucional no sólo preservaba la competencia estatal en este asunto, sino que también había retirado al Consell de Garanties la capacidad de emitir cualquier dictamen vinculante porque "perjudica al monopolio de rechazo a las normas con carácter de ley reservado por el artículo 161 de la Constitución al propio Tribunal Constitucional".

Lo mas bochornoso de todo es que este acto de rebelión institucional contra nuestro estado de derecho que se ha vivido en el parlamento autonómico catalán ni siquiera ha contado con el respaldo de todos los que, dentro y fuera de él, han impulsado el soberanista estatuto catalán. Así, al voto negativo del PP y del Grupo Mixto, se ha sumado el de CiU, formación irritada con el tripartito por aprobar la ley por el trámite de urgencia y sin consensuarla con la oposición. A eso hay que sumar el hecho de que desde Lérida se ha criticado la pérdida de peso que supone que la provincia quede dividida en tres veguerías; que los ayuntamientos de Tarragona y Reus han traslado su enfrentamiento casi histórico a la capitalidad de la nueva veguería: Camp de Tarragona; que Reus exige que ambas ciudades compartan la capital (como pasa con Sabadell y Terrassa en el Vallès) y Tarragona, además de negarse en rotundo, reclama que la nueva veguería se denomine simplemente Tarragona.

Todo este reaccionario y conflictivo galimatías, con la que los nacionalistas tratan de evocar una demarcación administrativa propia de la Edad Media, no sólo desafía a nuestro estado de derecho, sino que también constituye un desprecio a los problemas reales de los ciudadanos catalanes. Aunque los redactores de este desacato en forma de ley aseguran que a las veguerías se les asignaran los mismos recursos que, en la actualidad, reciben las diputaciones provinciales, lo cierto es que ocultan todo lo referente al coste del cambio, ya sea en comisiones de traspaso, contratación o bajas de trabajadores o informes técnicos. Y eso dando por hecho que la duplicidad de la administración será solo transitoria y que el Gobierno de Zapatero accederá a una modificación legislativa estatal –que deberá incluir, por cierto, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que se basa en la circunscripción provincial– para que la burla hacia el Tribunal Constitucional que se ha producido este martes en el parlamento autonómico quede menos descarada. (LD).

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editorial ABC.

DICEN TOROS, PERO ES ESPAÑA.

Día 28/07/2010

EL Parlamento catalán puede hoy certificar la defunción de la fiesta de los toros en Cataluña si finalmente aprueba, como es lo previsto, la iniciativa legislativa popular que aboga por su prohibición. Para que este objetivo prohibicionista salga adelante bastará con que se repita la mayoría que el pasado año admitió a trámite el procedimiento parlamentario instado por la denominada «Plataforma Prou». La libertad de voto que ha concedido el Grupo Socialista a sus diputados ha aumentado las posibilidades de los prohibicionistas y ha decepcionado a quienes, sean o no protaurinos, confiaban en que los socialistas actuaran como dique de una estrategia que de forma interesada y sin pudor mezcla ecologismo y nacionalismo.

Los sentimientos que generan las corridas de toros son muy diversos, todos ellos legítimos y causa de polémica no solo en Cataluña. Sin embargo, en esta comunidad autónoma se han conjugado unos movimientos ecologistas muy activos con el oportunismo nacionalista de unos grupos políticos que no pierden ocasión para acosar en Cataluña las manifestaciones culturales comunes con el resto de España. Es cierto que hay parlamentarios nacionalistas que votarán contra la prohibición y algunos socialistas que lo harán a favor, pero, excepciones al margen, la tendencia social y política de esta prohibición es evidente.

Lo más grave de esta obsesión prohibicionista es que revela un intervencionismo ético en los valores sociales incompatible con el respeto a la libertad individual y a la tradición cultural. Las justificaciones pretendidamente morales de la prohibición de los toros —crueldad, maltrato— ignoran a conciencia aspectos esenciales de la Fiesta que van desde la naturaleza misma del toro bravo, destinatario de unos cuidados que ningún otro animal recibe, hasta el sentido ritual de la lucha con el torero. La ausencia de estos contenidos en los discursos antitaurinos más radicales —que son, por otro lado, los más exitosos— es consecuencia más de la ignorancia intencionada que de la reflexión crítica. La principal motivación de estos movimientos prohibicionistas y de sus aliados políticos es el activismo intervencionista, por el que consideran legítimo uniformar a la sociedad con un ideario sedicentemente progresista, basado en criterios arbitrarios sobre lo bueno y lo malo. La cuestión no es, por tanto, discutir si el Parlamento catalán puede o no —que sí puede— legislar sobre la fiesta de los toros, o si son más o menos los ciudadanos catalanes a los que les gusta esta fiesta. No se trata de estadísticas de público, de número de corridas o, siquiera, del coste económico que conllevaría la prohibición. Es un problema fundamentalmente de respeto a la libertad y a la tradición, no de protección a los toros, utilizados como coartada para otros objetivos, y también víctimas de una evidente doble moral, que condena las corridas, pero salva los «correbous». El estruendoso silencio de la sociedad catalana ante esta agresión a las libertades —aceptado con la misma pasividad, ya reactiva, con que asiste a los recurrentes debates identitarios que marginan de la agenda regional sus verdaderos problemas— solo es comparable con el que el socialismo y el Gobierno central han manifestado durante los últimos meses para evitar el desgaste generado por un nuevo roce con el PSC.

Resulta imposible eludir el carácter político de esta iniciativa, ligada al rumbo adoptado por una clase política catalana que, empezando por los socialistas, rivaliza internamente por abanderar el soberanismo y la desafección hacia España. No son los defensores de la Fiesta, sino el segmento político de sus detractores, los que han impregnado de ideología la iniciativa prohibicionista que hoy vota el Parlamento catalán. Asociar la fiesta de los toros a la cultura y la historia de España no es hacer «españolismo», sino constatar una evidencia. Pero pretender alimentar la prohibición antitaurina con sentimientos nacionalistas es una forma de «limpieza cultural» de Cataluña, instrumental de una estrategia mucho más amplia que busca convertir en cuerpo extraño a la identidad catalana cualquier vínculo con lo español. No todos los que hoy voten a favor de la prohibición estarán animados por esta aldeanismo pseudoecologista, pero si el resultado final aprueba la prohibición esta será considerada por los nacionalistas y sus publicistas como una nueva expresión diferencial entre Cataluña y el resto de España, como otro síntoma de que la avanzada sociedad catalana quiere cortar amarras con el arcaísmo castellano que predomina en España. No hay que engañarse. Este lenguaje frentista y contendiente es el que impulsa las dinámicas centrífugas en Cataluña y el que explica la tensión con que el Parlamento de una comunidad autónoma aquejada de graves, muy graves problemas políticos e institucionales, puede cerrar su legislatura con un gesto de desplante, nada taurino y sí muy cobarde, por oportunista, a una parte de su historia común con España.
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CAC: PERSECUCIÓN MEDIOS INDEPENDIENTES.

Redacción | Publicado el 27 Julio, 2010 | (MD)

El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) ha inaugurado su nueva sede, que ha costado 7 millones de euros, según publica el portal e-notícies.cat. La sede está situada en la calle Sancho de Ávila, en el distrito 22 de Barcelona. El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha construido y diseñado el edificio, que tiene una superficie construida sobre rasante de 3.000 m2.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, el presidente del Parlamento de Cataluña, Ernest Benach, y el presidente del CAC, Ramon Font, han intervenido en el acto de inauguración, que también ha contado con la participación del alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y del delegado del Estado en el CZFB, Manuel Royes.

La nueva sede tiene tres plantas diáfanas (excepto la tercera), con el mínimo de compartimentación posible, con la excepción de los espacios que, por su naturaleza, en requieren, como la biblioteca o las salas de reuniones. El edificio es obra de los arquitectos del Consorcio de la Zona Franca Jaume de Oleza y Marta Casas, y “se ha proyectado con criterios de ecoeficiencia y de sostenibilidad, con medidas de aprovechamiento de agua y de control lumínico, entre otros. Las obras se iniciaron en febrero de 2009 y finalizaron en junio de este año”.