10:35 (21-04-2011) (La Gaceta)
El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, dice que Basagoiti no tiene dudas del Gobierno vasco, aunque a veces haga declaraciones "para que las oiga Rajoy".
¿REPETIR CON BILDU LO QUE SE HIZO CON ANV?
De confirmarse la noticia de que el Gobierno no instará, a través de la Fiscalía General del Estado, la ilegalización de Bildu, sino que se limitará a la impugnación de algunas listas de esta coalición que considere contaminadas por Batasuna, asistiremos al mismo proceso fraudulento mediante el cual los proetarras lograron burlar con ANV la Ley de Partidos hace ahora cuatro años.
Recordemos que, siguiendo un guión previamente pactado por la dirección de ETA y los representantes del Gobierno durante la tregua terrorista de la primera legislatura de Zapatero, el fiscal general del Estado, en un primer momento, simuló firmeza en la salvaguarda de la Ley de Partidos instando la ilegalización de una formación que apenas disimulaba su pretensión de ser la continuadora de la ilegalizada Batasuna: Abertzale Sozialisten Batasuna. Esto mismo ha hecho ahora el mismo Fiscal General del Estado instando ante el Supremo la ilegalización del burdo señuelo (o plan A) que ha constituido Sortu.
Paralelamente, sin embargo, se supo que ETA/Batasuna tenía un plan B para colarse en las instituciones mediante una formación entonces legal como era la durmiente formación de ANV. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado, tal y como se habían comprometido los emisarios del Gobierno ante la propia dirección de ETA, se negó a instar la ilegalización de ANV en su conjunto, y se limitó a impugnar solamente aquellas listas de este partido en las que figuraban las personas más conocidas del entorno etarra. La sentencia del Tribunal Supremo aprobó las impugnaciones de esas listas, no sin antes incluir un "obiter dicta" o consideración complementaria a la misma, que abierta y duramente reprochaba al Gobierno y a la Fiscalía que no hubieran instado la ilegalización de ANV en su conjunto como proceso de ejecución de la sentencia de ilegalización de HB-EH-Batasuna. Y es que, aunque los magistrados del Supremo dejaban de manifiesto que encontraban razones para poder ilegalizar la formación proetarra en su conjunto, también indicaron que no lo podían hacer por no haber sido objeto del recurso de la Fiscalía. Ciertamente, por el principio de congruencia, el contenido declarativo de una sentencia no puede conceder nada "extra petita", esto es, nada que no se le haya pedido.
A pesar de que fue esa negativa de la Fiscalía a instar la ilegalización de ANV en su conjunto la que permitió a los proetarras colarse en las instituciones en las elecciones de 2007, ahora el Gobierno y la Fiscalia vuelven a repetir la jugada. Y eso, a pesar también de que, entonces como ahora, la normativa por la que debería velar la Fiscalía no es una "ley de candidaturas" o "ley de listas", sino una ley de partidos, que afecta tambien a una coalición de los mismos, tal y como Herri Batasuna fue y lo es ahora Bildu. Esta ley es muy clara al señalar en su artículo 12. 1.b que "se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto".
Desde que, hace un año, los herederos de Batasuna firmaron con el partido que fundara Carlos Garaicoechea un "pacto de bases", ya se pudo detectar claramente las intenciones de llevar a cabo ese matrimonio de conveniencia. Más recientemente, la documentación incautada a seis miembros de Ekin y revelada en un auto de encarcelamiento dictado por el juez Grande-Marlaska, apuntaba a que ETA había diseñado la alianza estratégica entre Batasuna y Eusko Alkartasuna para tratar de sortear la previsible ilegalización de Sortu. Este mismo lunes, se ha hecho público el documento "Herri Akordioa", donde tanto EA, Alternatiba como Batasuna firmaron el texto que dictaría la forma de configurar las listas de cara a las municipales. Fue firmado en marzo y con ello se garantizaría el papel esencial de Batasuna en la creación de Bildu.
Es por tanto Bildu en general, y no determinadas listas o candidatos en particular, el cauce por el que se pretende dar continuidad o sucesión a la actividad de un partido ya ilegalizado. Y, por tanto, debería ser su ilegalización el medio por el que el Tribunal Supremo ejerza la competencia que la ley le asigna para impedirlo. Lo demás son ganas, tal y como pasó hace cuatro años, de dejar que sigan instalados en las instituciones. (edt. ld)
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Ángeles Pedraza: Bildu no puede ser un 'ANV bis'
La presidenta de la AVT recuerda al Gobierno que debe impedir 'la vuelta de ETA a las instituciones'
Madrid.- La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) volvió a exigir ayer al Gobierno que cumpla con "su primera y más importante obligación: impedir la vuelta de ETA a las instituciones". La presidenta del colectivo, Ángeles Pedraza, recalcó que no van a "aceptar otra chapuza ni otra trampa que permita a ETA regresar a las instituciones". Después de insistir en que Bildu es "una criatura" de la organización terrorista, exigió al Ejecutivo de Zapatero que ponga en marcha "ahora mismo" el proceso para su iegalización.
Para Pedraza, la única vía de actuación es la ilegalización al completo de la formación heredera de Batasuna; no aceptan la impugnación de las candidaturas por separado porque podría desembocar en un "ANV bis". "Da lo mismo cuántas se impugna, sería repetir, en versión aumentada y por tanto empeorada, la jugada macabra y tramposa de ANV", subrayó, y reclamó al PP que "dé un paso al frente" y no cierre acuerdos en este sentido.
La presidenta de la AVT sostiene que debe impedirse a toda costa la participación de Bildu en las elecciones del 22-M, aunque hubiera incluso, "si fuera necesario", que ilegalizar también a los partidos que integran la coalición, integrada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba e independientes.
"Que no nos quieran engañar, si no se insta a la ilegalización de Bildu no será porque técnicamente sea complicado, la es absolutamente diáfana. Si el Gobierno no insta a la ilegalización de la coalición trampa que es Bildu es porque quiere que ETA vuelva a las instituciones", señaló.
Pedraza también criticó la excarcelación de etarras como Troitiño -en busca y captura tras la revocación de la Audiencia Nacional- y Sagarduy, un "varapalo" a la memoria y la dignidad de las víctimas, al Estado de Derecho y la democracia. Para la presidenta de la AVT, se envía el mensaje de que los terroristas "son dueños del destino de este país, que asesinar es gratuito y que tratar de arrodillar al Estado de Derecho es factible y fácil".
"No podemos desayunar un día con la noticia de que un etarra queda libre y al día siguiente con una decisión en contra. Esto no es un juego, estamos hablando de asesinos y con los asesinos sólo hay un camino, que es que los juzguen, los condenen y pasen todos los años que tengan que pasar en la cárcel", aseveró.
"Los acontecimientos de los últimos días hacen que las víctimas del terrorismo revivamos la pesadilla de la legislatura anterior cuando tuvimos que soportar sanguinarios terroristas, como De Juana Chaos, paseando por las calles de San Sebastián; a partidos mitad legales mitad ilegales que favorecieron la presencia de los terroristas en 42 ayuntamientos del País Vasco y Navarra; e infames declaraciones del presidente del Gobierno refiriéndose al terrorista Otegi como un hombre de paz", lamentó la presidenta de la AVT.
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ESCANDALOSA EXCARCELACIÓN Y PREVISIBLE FUGA.
La prematura excarcelación, primero, y la previsible fuga, después, del etarra Anton Troitiño constituye uno de los capítulos más bochornosos en el largo historial de despropósitos e incompetencias que nos ha brindado nuestra Administración de Justicia.
Primero, la Audiencia Nacional dictó una providencia que puso en libertad a este autor de 27 asesinatos tras cumplir sólo 24 años de reclusión, sobre la base de que el tiempo que había pasado en prisión preventiva se le debía descontar, no a los cientos de años de condena que habia acumulado por sus muchos asesinatos, sino al limite de 30 años de prisión efectiva que marca la ley.
A pesar de que una modificación del Código Penal de 2010 no tuvo por objetivo más que declarar errónea dicha interpretación, el fiscal no planteó objeción a la prematura excarcelación hasta al día siguiente de haberse producido. Para colmo, la Fiscalía no acompañó su tardía solicitud de revocación de puesta en libertad con la petición de medidas especiales de vigilancia. Y no lo hizo sobre la incoherente base de que no se pueden adoptar este tipo de medidas una vez que el preso ha sido puesto en libertad tras haber cumplido su condena, pues lo contrario atentaría contra sus derechos. La incongruencia de semejante argumentación es evidente desde el mismo momento en que la Fiscalía estaba planteando en su recurso, precisamente, que la condena no debería considerarse cumplida hasta el 17 de enero de 2017.
Para colmo, una vez que la Audiencia Nacional, forzada por el Supremo, admitió su error, dictó una eurorden con groseros errores de forma, reconocidos este miércoles por el propio Rubalcaba, y que han desorientado a las fuerzas policiales en Francia, lugar donde se cree que se ha refugiado el etarra. A los errores en el ámbito de la Justicia, se ha de sumar también la incompetencia de Interior al no ordenar la vigilancia del etarra mientras los tribunales reconsideraban su puesta en libertad. Rubalbaba ha tenido la desfachatez de justificar semejante pasividad diciendo que hacer lo contrario habría sido "ilegal". Y eso no los dice el ministro de Sitel y el ministro del "chivatazo" a ETA, obviando, al mismo tiempo, que la policía, sin restringir sus movimientos, tenía innumerables motivos que justificaban la vigilancia de quien tantos incentivos tenía para fugarse y eludir la acción de la Justicia. ¿Es de recibo, por otra parte, que la policía francesa haya sometido a vigilancia al abogado francés de Troitiño y no lo haya hecho la policia española con el propio terrorista?
Aunque esta escandalosa como previsible fuga, que se suma a la de Ternera o la de De Juana Chaos, lleve a muchos a pensar en una posible complicidad con la banda, y no tanto en la incompetencia gubernamental, es evidente que esta última debe saldarse con una cadena de dimisiones de quienes la han hecho posible. En primer lugar, el CGPJ debe proceder inmediatamente contra los magistrados que indebidamente dictaron la prematura puesta en libertad del etarra. El ministro de Justicia debe dar cuenta, asimismo, del injustificable comportamiento de la Fiscalía. Pero es el ministro de Interior, tal y como hizo el ex ministro Asunción con la fuga de Roldán, el que debería presentar su inmediata dimisión. El problema está en que Rubalcaba acumula ya casi tantos motivos para haber cesado ya de su cargo como años de condena ha acumulado el etarra que se ha fugado. (edit.ld)
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