DEBERES POR HACER

 
 

AL GOBIERNO LE QUEDAN MUCHOS DEBERES.

Hay seis capítulos distintos que forman parte de las exigencias de la Comisión, y del Consejo Europeo, hacia España. El primero es el ajuste fiscal, o la “consolidación fiscal”, que es el eufemismo económico de moda este año. Hay dos ámbitos principales de actuación. Uno de ellos es el autonómico. El Gobierno ha tomado las riendas de un caballo desbocado, como es el gasto autonómico. Pero tiene que hacer, al respecto, dos cosas. Una, ser implacable en la intervención, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria en la mano, si no se atienen a los ajustes. Dos, tiene que hacer reformas en las leyes sobre la provisión de servicios públicos, para permitir a las Comunidades Autónomas hacer los cambios necesarios y reducir el gasto. Una parte no desdeñable del despilfarro autonómico está impuesto por ley.

A más largo plazo hay que replantearse toda la estructura institucional. Una respuesta es devolver competencias al Estado.

 Pero otra es que el Estado se quede con unas competencias exclusivas fundamentales (defensa, exteriores, interior, regulación económica y obras públicas comunes), mientras que las regiones tendrían otras competencias, también exclusivas, referidas a la gestión de los servicios públicos. La exclusividad evitaría duplicidades. Y la autonomía permitiría ofrecer soluciones distintas a los problemas de todos, de modo que se pudiese ver qué funciona y qué no.

Luego está el propio ámbito del Estado. Tanto en éste como en el de las regiones, el Gobierno ha aprobado una reforma que facilita el despido masivo de los empleados públicos. Pero le queda aún una verdadera reforma de la función pública que acabe con la posesión de una plaza para toda la vida. Y una reforma administrativa que obligue a revisar la conveniencia de políticas y oficinas enteras, y que se amorticen de forma automática si no hay motivos para renovarlas. Por último, el Gobierno tiene que crear una agencia fiscal que supervise la ejecución presupuestaria con independencia. Nada sabemos de ella, por el momento.

El segundo capítulo es el de la subida del IVA. Está ya aprobado. Pero más allá de él, al Gobierno le queda pendiente una reforma fiscal, en línea con la clarificación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas, y es la cesión de impuestos de modo que cada Administración se financie con sus propios impuestos. Eso provocaría la competencia fiscal dentro de España, y sería un aliciente para hacer una mejor gestión.

El tercero es la reforma financiera. Está, como la consolidación fiscal, en pleno proceso. Mientras se desarrolla, España tendrá que adherirse, como el resto de los países, a Basilea III. Quizás sepamos ir un poco más allá para evitar riesgos.

Y, como señala el diario El País, hay otros tres capítulos por cubrir. Uno de ellos, el cuarto capítulo es el de las pensiones. El Gobierno tiene que acelerar el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años.

En el quinto están las medidas en el ámbito laboral. Por un lado Europa pide mejorar las políticas llamadas de fomento del empleo. España las está reduciendo, lo cual es estrictamente necesario, pues tienen un coste enorme y una eficacia nula. Pero quizás reducirlas no sea suficiente y haya que buscar el modo de hacer de ellas algo aunque fuera moderadamente eficaz. 

En el último entra el fomento del crecimiento. El Gobierno, más allá de liberalizar los horarios comerciales, no ha hecho apenas nada. Debe revisar la regulación en diversos ámbitos e introducir más libertad de competencia en la provisión de bienes y servicios. Estas reformas refuerzan otras que ya se han adoptado, como la reforma parcial del mercado laboral. (J.C. Rodriguez/El Imparcial)