LA CASTA POLÍTICA.

(Así no podemos seguir. ¿Qué hay que hacer?)

La casta política debe irse.

En la transición, o más propiamente después de su primera etapa, fue tomando cuerpo una nueva clase dirigente que, aprovechando el inmenso capital político legado por el régimen anterior --derrochándolo en gran medida-- dio forma a un nuevo estado con numerosos defectos de inicio. Defectos normales, dada la mediocre calidad del personal y la novedad de la tarea; pero lo grave es que, lejos de corregirse con la experiencia, han ido agravándose hasta llegar a la situación actual de triple crisis: nacional, democrática y económica. Esa clase u oligarquía, compuesta sobre todo por el PSOE, UCD-PP y partidos separatistas presuntamente moderados, no ha cesado de lanzarse flores a sí misma como artífice, afirman, del período de mayor paz, libertad y prosperidad que haya vivido España.

La realidad es muy otra. Heredaban, efectivamente, una España en paz, con una economía saneada –poca deuda, poca corrupción, casi pleno empleo…---, habiendo alcanzado su renta per capita el 80% de la de los países ricos europeos; había además una amplia libertad personal aunque estuviera restringida –no anulada—la libertad política; escaso separatismo, muy poca delincuencia y población penal, buena salud social y, quizá por encima de todo, el olvido muy mayoritario de los odios que habían despedazado a la república. Con una situación tan favorable, inédita en los últimos dos siglos de historia de España, la nueva clase política podía y debía haber hecho grandes cosas, o al menos meritorias.

¿Y qué han hecho en realidad con esa herencia? Hoy podemos hacer el balance: un país con extendidísima corrupción y mala salud social (altos índices de droga y alcoholismo juvenil, de fracaso familiar y de fracaso escolar, de aborto, de violencia doméstica, de delincuencia, con población penal cinco o seis veces superior a la de entonces, etc.); descenso proporcional en la renta per capita por relación a la Europa opulenta, con una economía hinchada y desequilibrada que ha terminado mandando al paro a 6 millones de personas; auge peligrosísimo de los impulsos disgregadores de la nación;  pérdida de independencia en el plano internacional, reducida España al nivel de aliado-lacayo en la OTAN y la UE; intenso proceso de aculturación, es decir, de pérdida de la cultura hispana y desplazamiento de la lengua en los campos de la alta cultura y hasta en la vida corriente (moda, etc.); terrorismo separatista mucho más mortífero que nunca antes, premiado finalmente con legalización, dinero público y otras grandes ventajas, es decir con la destrucción del estado de derecho por unos políticos colaboradores, de hecho, con los asesinos...

“Pero --aducen estos políticos-- ¿y la democracia? ¿Es que no vale nada la democracia que hemos traído?”. Tiene algo de grotesco tal reivindicación. Por supuesto, disfrutaron de una situación de partida muy favorable para instalar una democracia sólida y no convulsa. 

Pero pronto se apresuraron a montar un reparto de poder más corrupto cada año, socavando la independencia judicial y los sistemas de control financiero sobre los partidos y políticos. Más aún: se da el caso, creo que único en el panorama internacional, de una casta política que ha financiado y favorecido de mil modos a las corrientes separatistas, incluso adelantándose a los deseos inmediatos de ellas, que ha dado toda clase de beneficios a la colonia de Gibraltar, verdadero parásito económico, convirtiéndola en un emporio… Una casta política que, a su explícita corrupción e incompetencia añade una hispanofobia profunda, menifiesta en unos casos en aversión a España –a su cultura, a su historia—y en otros casos en desprecio o despreocupación. A esto llaman la democracia. De ella queda poco más que libertades de expresión y crítica a las que también procuran poner coto extendiendo la corrupción a los grandes medios de masas.

La Transición, la he analizado en un libro a propósito, comenzó de hecho con el llamado hara-kiri de la clase política franquista, que en votación de Cortes se pronunció por la democratización pacífica del país, de la ley a la ley –curiosamente, Franco había propugnado también una democratización ordenada en 1930--. La nueva clase política ha resultado calamitosa para España y para la democracia. Pero todavía puede hacer un bien al país: marcharse, “suicidarse”, porque, lo llevo diciendo hace años, o la democracia acaba con esta gente o esta gente acaba con la democracia. Y sobre esa necesidad hay que pensar la alternativa.

 (Blog Pio Moa)