LA POCILGA IDENTITARIA.

• Los afectados recurren al presidente del Gobierno

  Cataluña ignora al TC y se queda los documentos de Salamanca

     

   

   

   (Lea y verá, una vez más, lo que es capaz de hacer 'la pocilga identitaria'. Con el permiso de Mariano. Porque estos tipejos se aprovechan de la cobardía y dejadez de los gobiernos de España.

  
  

  ¡Albert Rivera, adelante!¡Ya no podemos esperar más!)

   

   

  

   

   

   LA POCILGA IDENTITARIA.

   

   

  JUAN E. PFLÜGER

  Dicho fallo obligaba a devolver los fondos documentales a un archivo de titularidad estatal.

• La sentencia que hacía pública el Tribunal Constitucional el pasado 31 de enero era clara sobre el destino que había que darle a los papeles del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca que habían sido trasladados a Cataluña: la mayor parte de ellos tenían que ser devueltos a la sede de la que fueron sacados, contra el criterio de los investigadores, entre el 19 de enero de 2006 y el 20 de julio de 2011. La sentencia señala que todos aquellos documentos que no puedan ser devueltos a los herederos legítimos de las personas a las que hacen referencia deben ser depositados en un archivo de titularidad estatal, no permaneciendo en el archivo de titularidad autonómica en el que se encuentran depositados ahora.
  
   Inmediatamente, un grupo de investigadores solicitó al Gobierno autonómico catalán la devolución de los cientos de miles de documentos que habían sido trasladados. Pero desde esa región solamente obtuvieron el silencio por respuesta. Meses después, ante la falta de comunicación, pidieron que les aclarasen el sentido del silencio administrativo y la respuesta del director general de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, Joan Pluma i Vilanova, fue que era negativo y que no procedía a su devolución.
  
   Ahora, los investigadores han solicitado por escrito al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que exija al Ejecutivo regional presidido por Artur Mas la devolución de los documentos al Archivo de Salamanca, en cumplimiento de la ley y de la sentencia del Tribunal Constitucional.
  
   El documento, que fue presentado el pasado sábado en la subdelegación del Gobierno de Salamanca, iba firmado por el alcalde de esa ciudad, Alfonso Fernández Mañueco, que es a su vez secretario general del Partido Popular en Castilla y León.
  
  La documentación a la que ha tenido acceso LA GACETA demuestra que el coste de transporte y los pagos de los seguros de la documentación enviada de manera ilegal fueron costeados por el Ministerio de Cultura, y no por el departamento dirigido por Pluma, como lo demuestran las órdenes ministeriales de traslado y salida de documentos firmadas por Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
  
  El coste del expolio
  
  Del mismo modo, gracias a esta documentación podemos saber el precio en el que tasaron esa parte importante del patrimonio documental de los españoles. Para el primer envío el seguro cubría la cantidad de 870.000 euros; el segundo, 1.533.000; y el que se realizó al País Vasco en el año 2011 fue valorado en 50.000 euros. Faltaría conocer los montos de los otros cuatro envíos para saber la valoración total que para la ministra de Cultura socialista, Ángeles González Sinde, tenía la documentación dada, por interés político, al Ejecutivo catalán.
  
  El último insulto
  
  Fuentes consultadas por este diario han confirmado que la Administración catalana parece no conformarse con el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los documentos. Ahora, en lo que parece una provocación en toda regla, también acaban de solicitar que les sean entregadas otras 500 cajas de papeles para completar lo que consideran la deuda histórica del franquismo con esa región de España.
  
  Esta demanda por parte de Cataluña ha sido considerada como un nuevo insulto hacia los investigadores que llevan siete años solicitando que la documentación permanezca en el archivo al que corresponde, en situación de consulta por todos los estudiosos de la Guerra Civil. 
  
  Para muchos de estos estudiosos, esta decisión política tomada bajo el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero debe enmarcarse en la misma línea ideológica que la Ley de Memoria Histórica. También consideran que el traslado a Cataluña puede conllevar el riesgo de que se dificulte el estudio de la documentación a los investigadores. Un problema que ya se ha hecho efectivo en el incumplimiento de la condición previa al traslado que consistía en dejar en el archivo de Salamanca una copia digital de los documentos expoliados.
  
  En vez de hacerse dicha copia, lo que se ha realizado es un escaneo de la primera página de muchos de los legajos, dejando un porcentaje altísimo de ellos sin poder ser consultados por los estudiosos de ese periodo de la historia. 
  
  (La Gaceta)