Para vergüenza de la mayoría de políticos, sistemas de enseñanza/adoctrinamiento y buena parte de los medios de comunicación.
España, país de idiotas políticamente correctos.)
POR LA IGUALDAD DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS.
Este lunes pasado 12 entidades que defienden la libertad lingüística en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial además de los derechos de los hablantes de ambas lenguas en esos territorios, entre las que se incluye la entidad que presido, presentamos públicamente un manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos de los hispanohablantes en toda España que fue ampliamente recogido por los medios de comunicación de ámbito nacional y que está abierto a las firmas de los ciudadanos contrarios a la discriminación lingüística.
Verdad de Perogrullo tener que recordar que el castellano o español está reconocido como lengua oficial en toda España. Que es nuestra lengua común, compartida con 500 millones de hispanohablantes en todo el mundo. Y que se deben respetar los derechos lingüísticos de esta comunidad lingüística en España. Por increíble que parezca a los ojos de cualquier europeo hemos tenido que elaborar un manifiesto reivindicando derechos fundamentales aquellos que contamos con la peculiaridad de compartir espacio con otros ciudadanos que tienen como lengua materna o de identificación otra lengua española, también reconocida como oficial en toda o en parte de una comunidad autónoma.
Para nosotros, las políticas de los poderes públicos deben basarse en el respeto a la diversidad, en el principio de paz lingüística entre las distintas comunidades lingüísticas que comparten un territorio, y en el reconocimiento de los derechos lingüísticos de sus integrantes.
Los hispanohablantes, o castellanohablantes, de territorios monolingües tienen reconocidos estos derechos y pueden ejercerlos sin dificultad. Sin embargo, esto no sucede en las comunidades autónomas donde coexisten diversos idiomas oficiales. En ellas se está confundiendo el legítimo derecho al uso de las lenguas regionales, con la marginación y creciente vulneración de los derechos lingüísticos de la comunidad hispanohablante que allí reside.
La Constitución reconoce el derecho de los españoles a no ser discriminados por razón de origen, y establece que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento en el territorio nacional. El ejercicio de este derecho actualmente no es completo debido a la vulneración apuntada, y su limitación perjudica, especialmente, a quienes tienen hijos en edad escolar.
El conflicto lingüístico existe y tiene su base, entre otras razones, en el desigual tratamiento dado a los derechos de la comunidad hispanohablante en algunas zonas de España, lo que ha ocasionado situaciones de evidente discriminación.
Por lo tanto, consideramos esencial sentar las bases para solventar este problema. Corresponde a los Poderes Públicos del Estado regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos. En este sentido, hemos suscrito un manifiesto en el que proclamamos lo siguiente:
Que todas las lenguas y modalidades lingüísticas españolas deben ser objeto de una regulación equilibrada y garantista para sus hablantes.
Que la declaración constitucional de lengua oficial del castellano conlleva el reconocimiento legal de, al menos, los siguientes derechos lingüísticos a la comunidad hispanohablante en toda España: El derecho a recibir la enseñanza en español, a dirigirnos en esta lengua a cualquier Administración Pública, y a ser atendido en nuestro idioma sin demora y sin obligaciones añadidas, a disponer en español de impresos oficiales, información y rotulación pública, así como de las indicaciones escritas en la señalización viaria. El reconocimiento de la oficialidad plena del castellano en la redacción de cualquier documento público. El derecho a desarrollar actividades culturales y a disponer de servicios culturales en español, así como a una presencia equilibrada de nuestro idioma en los medios públicos de comunicación.
Que los Poderes Públicos y las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deben actuar como garantes y facilitar el ejercicio de estos derechos en todo el territorio nacional.
Y que el reconocimiento y el ejercicio de estos derechos ha de ser compatible con el respeto y pleno desarrollo de los derechos de los ciudadanos de otras comunidades lingüísticas en los territorios con cooficialidad lingüística.
Con este manifiesto entregado a los diferentes partidos políticos podremos conocer su compromiso y las medidas que proponen para solucionar este problema nacional sin parangón en las democracias occidentales.
(Jorge Campos/MallorcaDiario.)
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