domingo, 16 de octubre de 2016

MÁS JUSTICIA DE PROGRESO.


 (Usted a pagar impuestos y a callar.)





Un terrorista etarra, que no ha indemnizado a sus víctimas y nunca se ha arrepentido, tiene derecho al subsidio de paro.

El fallo llega tras la derogación de la exigencia de mostrar arrepentimiento para poder vivir del cuento a cuenta del sufrido contribuyente.

Alfonso Rojo, 15 de octubre de 2016 a las

Dentro de este sonrojante capítulo se encuadra la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de reconocer el derecho a recibir el subsidio por desempleo a un etarra que cumplió su pena de prisión en una cárcel francesa, enmendando una sentencia aprobada en primera instancia por un juzgado de Eibar que se pronunció en sentido contrario.

El fallo hecho público este 14 de octubre de 2016 niega que el haber cumplido la pena fuera de España quite a un recluso su derecho a recibir esta prestación, si reúne el resto de requisitos para percibirla, entre ellos, ser español, tener su residencia fijada en España y carecer de empleo.

El fallo, recurrible ante el Tribunal Supremo en casación, obliga al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) -es decir a todos los contribuyentes españoles incluidos los  parientes de los asesinados, sus viudas y huérfanos- a abonar al terrorista etarra dicha prestación con efectos retroactivos a 9 de marzo de 2014, un mes después de su salida definitiva de prisión tras más de 13 años cumpliendo pena. Son por lo menos 426 euros durante 18 meses y lo que colgará.

La sentencia, cuya ponente es Garbiñe Biurrun, quien además de ser la jueza que coqueteó con Podemos para ser su candidata a lehendakari preside la Sala de lo Social del TSJPV, argumenta que se trata de apoyar la 'reinserción social'.  Obvia que tanto los facinerosos Luis María Azkargorta Belategi como Mikel Zarrabe Elkoroiribe ni han pedido perdón, ni pagado lo que debían, ni manifestado el menor arrepentimiento.


También que en su momento, la Abogacía del Estado dejó claro que  los delitos de terrorismo no pueden equipararse a otros «por su gravedad y repercusión y alarma social», y que «en modo alguno puede considerarse desproporcionado» introducir unas exigencias:
"Cuyo cumplimiento, en última instancia, siempre depende de la simple voluntad del reo liberado, que tiene en su mano colaborar con las autoridades y la Justicia, pedir perdón a las víctimas y desvincularse de la banda terrorista, o no hacerlo".
El fallo impulsado por la podemita Garbiñe Biurrun llega después de que el Tribunal Constitucional, en otra de sus estrafalarias decisiones,  se posicionara en contra de la exigencia de que los etarras piden perdón y colaboren con la Justicia como requisito indispensable para acceder al subsidio.

(Periodista Digital)

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