VÍCTIMAS VERDADERAS Y FALSAS.

VÍCTIMAS VERDADERAS Y FALSAS.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Alicante acaba de dictar un auto que desmonta su relato y archiva el rosario de denuncias que presentó Vanessa Skewes contra su ex marido por presuntas amenazas de muerte a ella y a sus hijos.

  

Las denuncias se basaban fundamentalmente en el testimonio de la mujer y la magistrada ha decretado el sobreseimiento provisional de las actuaciones tras constatar la existencia de «numerosas contradicciones apreciadas en las sucesivas declaraciones de la denunciante, con una ampliación de la denuncia altamente cuestionable».

La mujer presentó un parte de lesiones, real, pero la investigación judicial ha determinado que en el momento en el que se produjo la presunta agresión su ex marido, que había viajado a España desde Chile para reunirse con sus hijos, se encontraba en Murcia junto a una abogada experta en asuntos de Familia que le asesora en el procedimiento civil seguido en España por sustracción internacional de menores. 

Vanessa también denunció que había recibido amenazas de muerte a través de un correo electrónico y el juzgado de Alicante ha pedido a Google que informe quién está detrás de la cuenta para determinar si tales amenazas son reales. Esta parte no se archiva a la espera de que Google responda.

El testimonio de Vanessa Skewes generó una ola de solidaridad y se presentó ante los medios españoles como la mujer que escapaba de un auténtico infierno, que huyó de Chile junto a sus hijos para refugiarse en España porque querían matarlos.

A través de una cuenta en Change.org , creada por un centro de atención a la mujer, logró reunir más de 150.000 firmas para plantear al Ministerio de Justicia que no considere sustracción de menores estos casos. Muchas personas anónimas se sumaron a la iniciativa, también organizaciones sociales y otra víctima, en este caso con sentencia contra su pareja en Italia, cuyo caso no guarda ninguna relación con el relato contradictorio de Vanessa que han constatado los jueces y fiscales.

Vanessa hizo declaraciones en todas las televisiones en las que contó cómo vivía en el abismo: «Hablo de violación, golpes con fractura de nariz, con parte médico y las denuncias correspondientes». Ninguna de estas circunstancias es como la cuenta, al menos según la Justicia.

Su ex pareja no ha sido condenado, ni en Chile ni en España. En su país de origen, todas las denuncias que puso Vanessa se han archivado -según su actual asesora jurídica los archivos se han recurrido- y la noche que el padre pasó en Alicante para recoger a los menores porque ella se negaba a entregarlos dijo al juzgado que dormiría en Comisaría por el temor a más denuncias.

La única persona a la que la Fiscalía de Chile ha presentado una querella penal es a Vanessa por secuestro, quien fue detenida y puesta en libertad cuando regresó a su país hace unas semanas. Vanessa sigue teniendo la custodia de sus hijos, como en todo este tiempo, pese a la denuncia pública de que se los querían quitar.

Chile, a través de España, tramitó una demanda por sustracción internacional de menores porque Vanessa, quien tenía la custodia en Chile de sus hijos, viajó hace dos años a España sin autorización. Según consta en el expediente, pese a que salió del país huyendo, se reunió con su ex marido para decirle que sólo eran unas vacaciones.

La demanda se presentó en octubre de 2015 y el escrito fue turnado al Juzgado número 10 de Familia de Alicante. La Abogacía del Estado pedía la restitución de los menores y se requirió a Vanessa para que compareciese con los hijos y manifestase si accedía. Rechazó la restitución porque dijo que el padre era «un delincuente reincidente» y «supondría un grave riesgo». Denunció lesiones, intentos de violación y maltrato familiar, además de consumo de cocaína.

Sin embargo, según consta en la resolución, las autoridades españolas certificaron que no existía ninguna condena contra el padre y estimaron que no era ningún delincuente ni maltratador. La Abogacía del Estado también presentó un informe de laboratorio de medicina legal, que certifica que no se habían «detectado [en el padre] ni cocaína ni opiáceos».

El Juzgado de Familia falló en contra de Vanessa, pero le comunicó que se trataba de un proceso civil, por lo que en ningún caso se valoraba entregar a los niños al padre si no que retornara a su país de origen con los niños. Como la madre tiene la custodia en Chile, allí podría vivir con los pequeños, pues el marido nunca fue condenado y no se acreditaron malos tratos. La decisión la ratificó la Audiencia de Alicante.

A partir de ese momento, en enero de 2017, Vanessa impulsó la campaña de Change.org y no atendió a los requerimientos del juzgado de Familia para que los niños volvieran a Chile, según su actual asesora jurídica por falta de profesionalidad de su anterior abogada de oficio.

Mientras no atendía a estas solicitudes, empezó a presentar denuncias en la Policía. Dijo que su pareja le amenaza de muerte a ella y sus hijos. Los correos parecían reales, recogían insultos y un juzgado asumió la investigación del caso.

Vanessa pidió una orden de alejamiento y sólo un día después de que presentara la denuncia el juzgado denegó la medida de protección porque el denunciado «reside en Chile» y no existe «indicio alguno del posible traslado a España». También se tuvo en cuenta que «no resulta entendible la razón por la que el denunciado ha tenido acceso al correo personal» de Vanessa dos años después de llegar a España.

La mujer siguió presentando denuncias con más correos presuntamente amenazantes y solicitando órdenes de alejamiento que fueron rechazadas hasta que el pasado 26 de abril denunció una agresión que presuntamente se habría producido mientras su ex pareja estaba en Murcia tras llegar a España para cumplir con la orden del Juzgado de Familia. Se activó el protocolo y se impuso una orden de alejamiento al padre, aunque no respecto a los hijos, porque el juzgado de guardia dictaminó que no existía «ninguna situación de riesgo para los menores». 

Este 10 de mayo, el juzgado que había asumido el caso dictó el archivo provisional de la presunta agresión. Según el auto, no es posible que la ex pareja de Vanessa la agrediera porque no le dio tiempo a viajar de Murcia a Alicante sin vehículo. De nuevo, la acusación de Vanessa había sido desmontada.

 (ElMundo/Juan Nieto.)

EL MITO DE LAS DENUNCIAS FALSAS, OTRA VEZ.


Con motivo de la detención por denuncia falsa de una mujer que había acusado a su ex de haberla secuestrado y echado pegamento en la vagina, han vuelto a surgir las voces de siempre denunciando el supuesto "mito de las denuncias falsas" y explicándonos que en realidad éstas son un porcentaje ridículo del total, que varía entre el 0,014 de Público y el 0,4 de El País.

 Pero mienten. La notable discrepancia entre esas cifras es debida a que se basan en informes distintos, pero en ambos casos se equipara el concepto denuncia falsa con una realidad bien distinta: las causas abiertas por denuncia falsa. Lo que hacen quienes repiten estas cifras como papagayos es algo que consideraríamos estúpido si estuviéramos hablando de cualquier otra cosa: considerar que si la Fiscalía no investiga a un delincuente es que no ha existido delito.

Debería resultar significativo que tantos españoles continuemos erre que erre pensando que hay denuncias falsas si las cifras que nos sacan año tras año fueran ciertas. Con datos así, ni siquiera el consabido "menganito me dijo que a su amigo le pasó" tendría mucho recorrido. Pero es que ese runrún no se refiere a condenas por denuncias falsas, sino a denuncias sobre las que el sentido común nos dice que podrían ser falsas pero que jamás se investigaron.

 Porque, verán, pese a lo que veamos en las pelis de juicios americanas, en España no funciona eso de que eres inocente porque es tu palabra contra la suya. En España se condena, y mucho, sólo con el testimonio de quien denuncia, si el juez lo considera creíble. Pero lo contrario no sucede. Si el testimonio de quien denuncia no se considera creíble, no se abre automáticamente una investigación por denuncia falsa.


Tomemos el informe del CGPJ. Resulta especialmente interesante porque emplea una cata de 500 sentencias, salidas de las Audiencias Provinciales, entre las que se encuentran numerosos casos reales en que la denuncia no prosperó por falta de credibilidad de la denunciante. Así, una se inventó un viaje a Marruecos como parte de su caso presentando como prueba fotografías con el acusado pegado con Photoshop. Una aspirante a asesina aprovechó las leves lesiones que le causó su pareja al defenderse de sus puñaladas como prueba de maltrato. Una presunta violada declaró cosas completamente contradictorias en la investigación y en el juicio, entre ellas que era virgen y luego que no lo era, y sin lesiones que corroboraran su historia. En un juicio por violación, secuestro y maltrato, la denunciante afirma que se inventó su denuncia inicial porque quería volver con él. 

En un caso de secuestro, una testigo, familiar de la denunciante, asegura haber oído por teléfono los insultos de él sin que exista registro de tal llamada, y el móvil de la supuesta víctima siguió funcionando durante el supuesto secuestro, pese a que se declaró lo contrario. Y así muchos más: pueden consultar la excelente revisión de David Prieto sobre los casos de los que habla el informe.

En ninguno de ellos se abrió una investigación por denuncia falsa. Es cierto que no cabe concluir sin más que lo son pese a los indicios. Pero sí que esos indicios existen; de ahí que no se condenara a los acusados. En alguno de los juicios incluso se advirtió a la denunciante de que podría estar inculpándose de un delito de denuncia falsa. Pero nada se hizo. No se investigó nada, y nada se reflejó en los porcentajes que esgrimen los medios defensores de la ley contra la violencia de género.

 Esos porcentajes son así de bajos porque los jueces no deducen testimonio, por regla general, cuando hay sospechas de que una denuncia de este tipo es falsa. 

Eso no quita para que, por supuesto, sí se haga en casos mediáticos como el de la falsa violación en grupo de Málaga o el de la mentirosa del pegamento. Pero no intenten convencernos de que las denuncias falsas casi no existen, por favor. Ofenden a la inteligencia y, por supuesto, a su credibilidad.

(Daniel Rodriguez Herrera/ld.)